El gobierno provincial logró que la Legislatura aprobara el proyecto de presupuesto sin que se le toque una coma. En las últimas horas los ministros de Gobierno y Reforma del Estado, Pablo Farías; el de Economía, Gonzalo Saglione; y el de Infraestructura y Transporte, José Garibay, estuvieron recorriendo los distintos despachos del Senado provincial para apurar el tratamiento de algunas normas con resultados disímiles. La buena para Miguel Lifschitz es que el presupuesto fue aprobado en la Cámara alta sin modificaciones y eso le permitió la sanción definitiva ya que no tuvo que volver a Diputados.

Sin embargo, a los funcionarios del Ejecutivo les quedó un sinsabor ya que no consiguieron el tratamiento de otras normas que consideraban claves para cerrar el año. Una, que es la solicitud del permiso para endeudarse por 300 millones de dólares, está en tratamiento en el Senado; la otra es la reforma tributaria provincial que quedó frenada en Diputados y salvo que ocurra un milagro político antes del jueves 28 de diciembre –de esos que suelen ocurrir– se tratará el año que viene.

En lo que respecta al Presupuesto se prevé para 2018 un total de gastos por $191.314 millones y un superávit de $1.590 millones. El cálculo de recursos y gastos se hizo en función de los datos macroeconómicos de la Nación que estimó un crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) del 3,5%, un aumento del nivel de precios implícito (medida de incremento de todos los precios de la economía) de un 15,7%, un valor medio anual del tipo de cambio de $ 19,3 por dólar estadounidense y un aumento de los Recursos Tributarios Nacionales del 19,3%.

El bloque de los senadores justicialistas advirtieron que si no se contemplasen los 8.000 millones de pesos en créditos que tiene la provincia el resultado del ejercicio proyectado sería deficitario. El senador Alcides Calvo (Castellanos) también indicó que el presupuesto para el año en curso tenía previsto un superávit de $415 millones y que en realidad, al 30 de septiembre de este año el rojo de las arcas provinciales alcanzaba los $4.285 millones y que la proyección al 31 de diciembre de 2017 es de entre 6.500 y 7.000 millones de pesos.

"Allí es probable de que tengamos contemplado el déficit de la Caja de Jubilaciones", estimó el legislador justicialista que aclaró que en este proyecto no se contempla la iniciativa de la ley tributaria que podría tener un impacto en el Presupuesto. Al mismo tiempo explicó que tampoco se contemplan los fondos nacionales para cubrir el déficit previsional ni los correspondientes a la deuda por coparticipación que Nación se comprometió a establecer un monto y una forma de pago a Santa Fe antes del 31 de marzo de 2018.

Por otra parte, Calvo se quejó de la subejecución de los gastos de capital, que incluyen a la obra pública y la compra de equipamiento, que al 30 de septiembre de este año de $100 pesos presupuestados solo tenían ejecutados $44. Esos números hacen prever que el año cierre con una ejecución de entre el 66 y el 70%. Con esos cálculos, Calvo deslizó que lo que el gobierno no gastó en obra pública terminó destinándolo para gastos corrientes.

Por su parte, el senador del Frente Progresista por San Cristóbal, Felipe Michlig, destacó la inversión histórica en la red vial de la provincia durante la gestión de Lifschitz y que eso es "muy importante para la conectividad que necesita el sector productivo y mejorar las condiciones de las zonas que estaban postergadas".

Por otra parte, Michlig destacó que por segundo año consecutivo no se crean cargos en la planta de personal y que cada ministerio se tiene que administrar con los cargos vacantes que ya están creados. "Es un presupuesto pensado en la gente", aseguró.

Al momento de responder a las críticas de la oposición sobre la subejecución de obras, el senador radical aseguró que en el Presupuesto en curso hay cerca de 30.000 millones de pesos en obras de los cuales unos 7.000 corresponden al endeudamiento. "Hay una ejecución como nunca antes en las distintas obras y lo vemos en las obras que están en marcha y en las que están inauguradas. Además hoy las empresas reconocen que Santa Fe es una de las provincias que mejor paga y prueba de ello son la cantidad de empresas que se presentan a las licitaciones. Hoy tenemos más de mil obras en marcha", sostuvo.

La negociación pendiente

Los dos temas que quedaron en el tintero ya con el año legislativo prácticamente cerrado fueron el endeudamiento por 300 millones de dólares para obras viales y la ley tributaria de la provincia. "Nos hubiera gustado terminar mejor el año legislativo", reconoció Michlig a pesar de destacar todas las leyes que se sancionaron durante el año.

"Santa Fe es la provincia menos endeudada del país. Mientras tenemos una deuda de 3.100 pesos por santafesino, los cordobeses, con un presupuesto similar, deben 11.000 pesos cada uno; y los porteños, con un presupuesto similar de la Ciudad de Buenos Aires, deben 19.000 pesos. Tenemos la posibilidad de tomar endeudamiento externo y también hubiera sido bueno si teníamos la ley tributaria en el Senado aprobarla, pero la tiene Diputados y decidió pasarla para principios de febrero. Nosotros la semana que viene intentaremos avanzar en el tema de financiamiento externo y principalmente en el de 300 millones de dólares –también hay otras solicitudes de deuda pendientes–", explicó el senador.

Para el endeudamiento de 300 millones de dólares para obras viales las dificultades están planteadas en cómo se van a distribuir entre todas las localidades de la provincia. Con el tipo de cambio actual los fondos serían por 5.400 millones de pesos. De esa cifra 3.200 millones de pesos es lo que les correspondería por coparticipación de la deuda histórica de Nación con Santa Fe a partir del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La propuesta de Miguel Lifschitz fue que lo que le corresponde a cada municipio y comuna de esos 3.200 millones no se les exigiría que lo devuelvan porque sería tomado como un adelanto de la deuda de Nación. Esa sería plata de los municipios y comuna que la provincia sabría el 31 de marzo cómo la va a cobrar.

El problema está en cómo se reparte el resto del dinero. Los 2.200 millones de pesos restantes sí irían en calidad de préstamo y es lo que ahora se está discutiendo. Una de las propuestas que se estuvo analizando fue que el 25% de ese monto (550 millones de pesos) se divida en partes iguales para cada localidad sin importar su tamaño o población. Otro 25% se repartiría según la población con necesidades básicas insatisfechas (los datos se obtendrían del último censo nacional), lo que permitiría priorizar a las poblaciones más vulnerables. Y el 50% restante se repartiría de acuerdo a la población de cada comuna y municipio.

En el otro punto, la ley tributaria provincial, la discusión está más complicada. El tema ya fue discutido con los diferentes sectores productivos y la iniciativa oficial llega con cierto consenso de los actores involucrados. Pero ahí el problema es político, tanto de la rosca interna provincial como de los rebotes de las sesiones de los diputados nacionales donde se trató la reforma previsional y la tributaria.

Las consecuencias de no abordar esta ley son varias. En primer lugar algunos diputados provinciales del oficialismo remarcaron que la complejidad de destrabar el asunto es que esta ley está atada a otras como la ley pyme que tiene media sanción y el Senado aún no la trató. Y también está vinculada a la adhesión al pacto fiscal con Nación.

Una de las cuestiones que se están analizando es que al no aprobar el proyecto que elimina la extraña jurisdicción para el cobro de Ingresos Brutos, eso podría tener consecuencias legales para el Ejecutivo provincial. Pero también habría pérdidas económicas. Los mismos diputados del oficialismo consultados por UNO Santa Fe estimaron que al no poder actualizar el impuesto inmobiliario en enero de 2018 la provincia estaría perdiendo unos 200 millones de pesos, un poco más del presupuesto total que Santa Fe destina para el funcionamiento de todo el año del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.