El ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández se presentará este lunes ante la Justicia para intentar aclarar la venta de dos vehículos por la que fue denunciado penalmente por la fiscal Gabriela Baigún en el marco de la causa que se le sigue por presunto delito en el manejo del Plan Qunita y las inhibiciones que pesan sobre él y los otros acusados. Al menos así se lo dijo al diario La Nación, que reveló ayer la acusación contra el ex funcionario kirchnerista. Los autos que habría vendido Fernández, de acuerdo con la denuncia, son un BMW y un Toyota, por un valor conjunto de un millón de pesos y después de que se decretara la inhibición de sus bienes. Ello podría considerarse como una “insolvencia fraudulenta” y la fiscal con esa figura podía pedir su detención.

La defensa esgrimida ante ese diario por Fernández -con quien Clarín intentó comunicarse sin éxito- fue reproducida ayer por la cuenta kirchnerista @CasaArgentinaAR de la red social twitter y retwitteado por el propio ex funcionario. “Aníbal Fernández responde a un nuevo ataque judicial: ‘Si van a investigar mis movimientos patrimoniales, además de ver qué vendí revisen qué compré, y analicen si el flujo patrimonial es negativo o positivo y ahora es más de lo que había cuando decretaron la inhibición’”, dice el mensaje.

Es decir, Fernández admitió la venta de los dos vehículos por la que fue denunciado por Baigún. La fiscal, la misma que intervendrá en el juicio oral que se realizará por este caso, seguramente a fines de 2018 o principios de 2019, según estimaron fuentes judiciales, denunció el jueves pasado las maniobras del ex funcionario en el mismo expediente en el que ella interviene. Lo más probable es que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1 (TOCF1) se desprenda de esta nueva denuncia y la envíe a sorteo.

De acuerdo con la investigación de la fiscal, otros imputados en la misma causa habrían ocultado bienes para evitar los embargos e inhibiciones. En total, serían 19 automóviles, 81 inmuebles, una motocicleta, cuatro embarcaciones, acciones y cuotas sociales, y fondos en cuentas bancarias, entre otros activos, según consignó La Nación.

“Ya hablé con mi abogado y el lunes nos presentaremos a dar todas las explicaciones y exponer lo que hicimos, paso por paso”, le dijo a ese diario el también el ex funcionario. El abogado defensor de Fernández es Carlos Gustavo Frasquet. Se supone entonces que ambos se presentarán el lunes ante el TOCF1 o la propia fiscal.

“Vendí ambos vehículos, sí, pero para aumentar mi patrimonio, no para reducirlo, porque cambié un auto por otro más nuevo y el dinero que cobré lo deposité en una cuenta en dólares que tengo en el Banco Patagonia y sigue ahí”, aseguró Fernández. El ex funcionario se diferenció del contador santacruceño Víctor Manzanares, detenido tras una maniobra similar con los ingresos de la sociedad Los Sauces por los alquileres de propiedades de la familia Kirchner en Santa Cruz.

“La diferencia es que Manzanares extrajo dinero que debía estar bajo control judicial para pagar impuestos, y de ese modo redujo el acervo patrimonial; yo, por el contrario, lo aumenté, y con consulta previa al juzgado al momento de notificarme de la resolución”, sostuvo.

Fernández fue procesado por el juez Claudio Bonadio por un presunto fraude contra la administración pública, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público en el manejo de millonarios fondos del Plan Qunita, un kit de elementos destinados a embarazadas de escasos recursos.