La titular de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), María del Carmen Verdú, anunció esta tarde que la declaración indagatoria a los 30 detenidos tras la marcha por Santiago Maldonado, prevista para el lunes, se adelantó para hoy.

"Recién acaba de llegar la directiva a una de las comisarías de que mañana a las 8:00 van a trasladarlos a Comodoro Py para la declaración indagatoria", informó Verdú en diálogo con la agencia NA, luego de las manifestaciones que hizo la Correpi frente a las dependencias policiales donde están los detenidos.

El encargado de disponer el traslado y tomarles declaración indagatoria a los 30 detenidos el último viernes por la noche es el juez en lo Criminal y Correccional Federal Marcelo Martínez de Giorgi, mientras que el fiscal a cargo de la causa es Ramiro González.

Los detenidos fueron acusados por "intimidación pública" y "resistencia a la autoridad". Según Verdú, la carátula inicial de la causa era por el delito de "daños", pero luego se modificó con el transcurso de la noche con imputaciones más graves.

En el listado de personas apresadas, se encuentran tres periodistas. Daniel Lara, reportero gráfico y estudiante de ARGRA escuela, detenido en Avenida de Mayo y Perú, en primer lugar trasladado a la comisaría 1ª y luego a la comisaría de la Comuna 12 de Saavedra.

También quedaron presos Juan Pablo Mourenza y Ezequiel Hugo Medone, integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos, quienes fueron trasladados a la comisaría 30 y luego a la comisaría de la Comuna 15, en Chacarita, Guzmán 396.

Los manifestantes detenidos en cuatro dependencias policiales de la Ciudad de Buenos Aires están acusados de haber cometido los delitos de "intimidación pública y atentado y resistencia a la autoridad". Actualmente, una docena de ellos se encuentran alojados en la Comisaría 12, del barrio porteño de Caballito; siete en la Comisaría 15, de Retiro; y 14 detenidos en la Comisaría 30, de Barracas.

De acuerdo a lo establecido en el Código Penal sobre el delito de intimidación pública, pueden ser penados "con prisión de dos a seis años" aquellos que "para infundir un temor público o suscitar tumultos o desórdenes, hicieren señales, dieren voces de alarma, amenazare con la comisión de un delito de peligro común, o empleare otros medios materiales normalmente idóneos para producir tales efectos".

"Cuando para ello se empleare explosivos, agresivos químicos o materias afines, siempre que el hecho no constituya delito contra la seguridad pública, la pena será de prisión de tres a diez años", agrega el artículo 211.

En lo que respecta al delito de atentado y resistencia contra la autoridad, la normativa establece que "será reprimido con prisión de un mes a un año, el que empleare intimidación o fuerza contra un funcionario público o contra la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquél o en virtud de un deber legal, para exigirle la ejecución u omisión de un acto propio de sus funciones".

Al tiempo que el artículo 238 precisa que "si el hecho se cometiere por una reunión de más de tres personas" la pena podrá ser "de seis meses a dos años".

Tras la masiva movilización a Plaza de Mayo para pedir la aparición con vida de Santiago Maldonado, 30 personas fueron detenidas en medio de incidentes que incluyeron la quema de contenedores de residuos, pintadas de paredes, rotura de vidrios de comercios y edificios públicos, así como también agresiones con piedras hacia efectivos de la Policía de la Ciudad.