Los planes de vivienda ejecutados por el Estado son la alternativa para acceder al techo propio para aquellos que no obtienen crédito en entidades financieras privadas o no cuentan con los recursos para ponerlos en ladrillos. Pero aún así, hay miles de santafesinos que no pueden decir que cumplieron el sueño de la casa propia, ya que no cuentan con la escritura del inmueble. 

Es que según datos de la Secretaría de Estado del Hábitat de la provincia, en la ciudad de Santa Fe de las 10.500 viviendas construidas con fondos públicos —el Fondo Nacional de la Vivienda (Fonavi) se creó en 1970—, hay escrituradas 3.000; es decir el 28% de lo entregado. De las 7.000 que faltan, hay 350 que se entregarán en los próximos meses y otras 3.000, en proceso de elaboración. 

En la capital, los casos más emblemáticos en donde se detectó la falta de regularización son barrio El Pozo, Las Flores I y II, San Jerónimo (barrio Centenario), Acería y La Florida. 

En toda la provincia, la situación es similar. Hay en total 70.000 unidades de viviendas construidas de las cuales entre 17.000 y 20.000 están escrituradas. De ese número, Rosario y Santa Fe concentran la mayor cantidad de complejos ejecutados, el 60% precisamente.

Si bien en todo el territorio santafesino hay planes habitacionales que tienen casi 40 años o menos, el avance en la escrituración se dio durante las gestiones del Frente Progresista Cívico y Social, bajo el Plan de Regularización Dominial.

Esto también implicó refinanciar las deudas que arrastraban las propiedades, ya que no todos los adjudicatarios cumplían con el pago estipulado por plan. 

“Desde la gestión de Hermes Binner se tomó la regularización dominial como una política de Estado, si bien las viviendas siguen estando a nombre de vivienda o bajo un plan puntual, se buscó es que quienes la habitan, pasen a ser los dueños definitivos”, precisó Diego Leone, titular de Hábitat. 

 

El rastrillaje de los casos
 

El proceso de escrituración implica un minucioso trabajo puerta a puerta, para determinar el estado de situación de cada una de las viviendas que componen los complejos habitaciones. Eso se viene haciendo en toda la provincia. Constituye un universo inagotable que demandó acuerdos de colaboración con municipios, comunas y con el Colegio de Escribanos y de Agrimensores, para que presten ayuda externa. 

 

—¿Cómo se generó tanta dilación en la entrega de los documentos definitivos?, consultó El Litoral a Leone.

 

— Ocurre que antes sólo escrituraban las viviendas que se terminaban de pagar. Como los planes son de 30 o 40 años, hasta que no pasaba ese tiempo no se otorgaba la escritura. Pero en el medio, hubo familias que se mudaron, que vendieron la vivienda, que dejaron de pagar, otros compraron sin escrituras, eso provocó un gran desarraigo en algunos barrios. Nadie tenía pertenencia con el lugar que habitaba. Como consecuencia, de ese recambio en los complejos se detecta la falta de mantenimiento y el consecuente deterioro de los edificios. También se detectó mucha gente que había terminado de pagar la vivienda, pero no podían escriturar porque no estaban los planos de mensura de los terrenos. Por eso, la regularización tiene distintas etapas. 

 

—¿Cuál fue el principal problema que encontraron en los planes de Santa Fe?
 

 

— La falta de registro catastral de los barrios, no estaban los planos de mensura hechos. Eso quedó sin hacerse desde cuando se proyectaron los barrios y fue uno de los principales problemas, pero en todos lados. Por eso se hicieron convenios con el Colegio de Agrimensores y el de Escribanos, para que presten una ayuda externa. Hoy antes de empezar cualquier plan de viviendas, sea de donde sean los fondos, se verifica la titularidad de la tierra y la mensura. 

 

—Si la vivienda se adjudicó oportunamente a una persona, pero hoy vive otra y el traspaso fue irregular ¿a quién se escritura?
 

 

— Ese fue un tema. En el proceso de regularización se sancionó una ley —ver dato— que estableció que para obtener la titularidad, la persona que la habita debe demostrar 5 años de residencia fehaciente. Es decir, con servicios a su nombre, la concurrencia de los niños en las escuelas de la zona, entre otras cuestiones. Tenemos miles de casos detectados: gente que vendió de palabra la propiedad, gente que dejó de pagar, el fallecimiento del titular. En Rosario, por ejemplo, nos encontramos con dos familias que intercambiaron, de palabra, el departamento por una cuestión de comodidad. Eran vecinos, pero uno pagaba la cuota de su departamento original y el otro no. Ahí tuvimos que repactar la forma de pago del deudor. Hay casos que debemos pensar puntualmente, como solucionarlo. Por eso, uno de los grandes cambios que se implementaron desde la gestión del gobernador Lifschitz, consiste en otorgar la vivienda escriturada pero con hipoteca. Es decir, con saldo a pagar. 

 

— ¿En ese marco en que situación se encuentra el pago de las cuotas de los planes?
 

 

— Ese es un tema complejo, la conducta de pago no es muy buena respecto de lo que se emite por mes. Algunos planes todavía están vigentes. El problema es que cuando cambian las familias que residen en las viviendas, se pierde la conducta de pago. En ese sentido, creo que los montos tienen mucho que ver: las cuotas de todos los planes que se construyeron antes de 2011 son mínimas, hay de $ 50 o $ 100, por ejemplo. Pero con la nueva ley —ver dato—, el monto se actualiza. Hoy el adjudicatario paga un promedio de $ 2.500 por mes y una vez por año, se actualiza en base al índice de la construcción. Cómo tope está el índice de salario. Es decir que varía en un 20%, pero siempre somos claros: deben pagar una cuota. También, tenemos convenios con el sector público y algunas empresas privadas para descuento por recibo de sueldo. Además, que las familias paguen es la única manera que tenemos para seguir ejecutando obras.

 

Lugares comunes, problema de todos
 

 

La segunda etapa del Plan de Regularización Dominial, consiste en la conformación de los consorcios de los complejos, para sostener el mantenimiento. Cosa que tampoco se venía logrando. “El Estado no puede mantener de por vida los edificios. Por eso, una vez que los propietarios obtienen las escrituras, ese edificio se debe cuidar como lo hace cualquier particular”, definió Leone. 

 

Pero la rotación de los habitantes de los complejos y falta de regularización siempre fue un impedimento para el cuidado de los espacios. “Eso está demostrado: cuando no hay escrituras, se nota la falta de mantenimiento. En los que hay consorcios y son activos, es otra cosa. Incluso si necesitan créditos para reparar el ascensor o una cubierta, la provincia otorga”, aseguró el secretario.

 

En la ciudad de Santa Fe, se conformaron consorcios en algunas torres de barrio El Pozo y en el Fonavi San Jerónimo, pero el sostenimiento de ese trabajo también es difícil. “Tratamos de acompañar, les explicamos como hacer las reuniones, como gestionar. Es cierto que algunos se conforman y después se caen, la gente se cansa y deja”, remarcó Leone, que como caso testigo señaló la inversión hecha en el Fonavi San Jerónimo, a través del Plan Abre. 

 

“Se hizo una intervención con más de 100 millones de pesos en mejorar la iluminación, los senderos, se reacondicionaron los tableros de los sistemas eléctricos, se identificaron las escaleras con números. Ahora hay que lograr que eso se cuide”, anheló el funcionario. 

 

En números

 

* 1.500 escrituras gratuitas otorgó el año pasado la Secretaría de Estado del Hábitat en toda la provincia. Este año serán entre 2000 y 2500. 

 

* 35.000 familias todavía están pagando las cuotas de la vivienda, del total ejecutado en toda la provincia. A partir del Plan de Regularización, pueden obtener la escritura provisoria, contra hipoteca. Unas 20.000 ya no tienen deuda.

 

“Hay gobiernos que dejaron pendiente la escrituración de las viviendas a la buena voluntad de las familias, nosotros creemos que no debe ser así. Un eje fundamental de la gestión de Miguel Lifstchitz, es que el Estado acerque las herramientas para que las familias tengan las escrituras”.  Diego Leone, Secretario de Estado del Hábitat

 

 

El caso de barrio La Florida

 

Sobre la situación registral del barrio La Florida, desde la Secretaría de Estado del Hábitat confirmaron que en septiembre estarán listos los planos de mensura. A partir de eso, se podrá revisar la situación de cada unidad de vivienda, para luego proceder a la escrituración. 

 

Marco regulatorio
 

 

La Ley de Titularización de Viviendas Fonavi es la N° 12.953. A través de la Ley N°11.102 se dispuso la creación del fondo para el pago de las escrituras, mediante el Colegio de Escribanos. Es decir, que las titularizaciones que se realizan a través de la institución son solventadas con el fondo especial. La contribución se estableció en un aporte solidario del 3% del valor de la unidad Jus. 

 

 

Marcelo Acosta y su esposa Ivanna Jazmin vecinos del Fonavi Centenario, escrituraron después de muchos años.Foto: Flavio Raina

 

“Para nosotros fue un ‘volver a empezar’” 
 

Marcelo Acosta, su esposa e hija viven en uno de los 134 departamentos de la manzana 4, del Fonavi San Jerónimo. Lo compraron en 2013 al titular de la vivienda por una moto y 20.000 pesos arriba. Pero la adquisición no fue solo de ladrillos, aberturas y un proyecto de vida, también estaba incluida la deuda del inmueble. 

 

“Cuando nosotros vinimos, las 180 cuotas del plan original habían vencido en 2007. Para entonces la deuda era de 16 mil pesos. Pero igual era la mejor posibilidad que teníamos para tener nuestra casa. Fue un volver a empezar, así que regularizamos el monto, refinanciamos el plan que ya terminamos de pagarlo y el año pasado obtuvimos la escritura”, le contó el flamante propietario a El Litoral. 

 

El hecho de acceder a la vivienda propia, le significó una gran satisfacción a la familia pero no se quedaron ahí. Hoy están preocupados por la inseguridad que sufren y por el mantenimiento de los espacios comunes. 

 

“Tenemos la tranquilidad de estar en nuestra casa, nadie nos va a sacar de acá y podemos planificar. Siempre luché por el techo, pero la gente del barrio tiene que darse cuenta que es difícil tener un lugar con servicios, en condiciones para estar bien”, consideró; y agregó: “Ahora debemos trabajar en eso, porque acá hay vecinos que no hicieron nada, otros hicieron lo que quisieron y otros lo que pudieron. Debemos mantener el barrio, pagar las expensas, que las personas entiendan que vivir acá tiene un costo”. 

 

Hugo P. vive en barrio La Florida, un plan Fonavi ubicado en calle Mendoza y Santiago de Chile, de la capital provincial. Es uno de esos casos en los que no se regularizó ni la propiedad de los terrenos. 

 

La de Hugo es una de las casi 400 familias que, con alguna diferencia, viven en las torres y en las casas individuales que constituyen el barrio, desde 2001 cuando se lo entregó el ex gobernador Carlos Reutemann. 

 

Cuota a cuota (de $ 190 por mes a 25 años) y luego mediante el pago de una suma importante en 2011, Hugo cumplió por adelantado con lo acordado: el pago total de la vivienda que el Estado le había adjudicado. Pero hasta el día de hoy, no cuenta con los documentos que acrediten la titularidad del inmueble. 

 

Eso a sus 78 años, lo desvela. “El barrio no tiene los planos de mensura, nunca su hicieron. En catastro provincial me dijeron que los terrenos aparecen como bajos del Salado, en la Municipalidad directamente no hay registro. El año pasado recurrí a la Defensoría del Pueblo, me recomendaron que inicie un juicio. Hace 16 años que estoy con esto y no quiero llegar a esa instancia”, dijo Hugo sobre las peripecias que atravesó para obtener una respuesta. 

 

Si bien recibieron en varias oportunidades la visita de profesionales de distintas gestiones que relevaron la situación del barrio, sigue esperando. “Queremos que nos solucionen el problema. Hoy somos propietarios pero ningún vecino tiene constancia de eso. Entonces, no puedo disponer de mi propiedad, no puedo ser garantía, entre otros problemas”, remarcó Hugo.