El principal asunto que persigue a Ferrand y que cuestiona su probidad es que en 2010, cuando él era director general de Les Mutuelles de Bretagne (la Seguridad Social), su pareja alquiló a esta entidad unos locales en la ciudad de Brest que pudo comprar con la condición de que se formalizara ese alquiler, lo que le permitió obtener un crédito bancario de 400.000 euros que correspondía a la totalidad de su inversión.

El ministro, quien hasta hace poco ocupaba una banca socialista en la Cámara de Diputados hizo hincapié en que la actual dirección de Les Mutuelles de Bretagne defiende el interés que tuvo para la entidad esa operación y "se felicitó".

La moralización de la política fue una de las principales propuestas electorales que estuvieron en el origen de la victoria de Macron en las presidenciales, y el "caso Ferrand" es la principal piedra en el zapato de su gobierno, que lleva en ejercicio desde mediados de este mes de mayo.

El primer ministro, el conservador Edouard Philippe, respaldó el martes la continuidad de Ferrand al frente del departamento de la Cohesión de los Territorios, y eso aunque dijo tener plena consciencia de "la exasperación, la emoción y la irritación de los franceses".

Philippe argumentó que todas las acciones pasadas de Ferrand están dentro de la legalidad, pero que esos "usos y comportamientos pasados ya no se aceptan hoy ni pueden ser tolerados, aunque no sean ilegales".

Según una encuesta publicada este miércoles por la emisora RMC y el portal Atlantico, un 73% de las personas consultadas cree que los hechos que se le reprochan a Ferrand son graves y un 70% estima que tiene que renunciar.

El primer ministro también indicó el martes que la ley de moralización de la política, que debe ser la primera del mandato de Macron, se va a retrasar una semana y se presentará finalmente el próximo 14 de junio, entre las dos vueltas de las elecciones legislativas (programadas para el 11 y el 18 de ese mes).