La justicia federal recibió este viernes una denuncia contra el presidente de la Nación Mauricio Macri por el delito de traición a la patria por el dictado del decreto 29/2017 por el que el Gobierno autorizó meses atrás la emisión de deuda por hasta 20 mil millones de dólares y estableció jurisdicciones a favor de los tribunales de Nueva York y Londres, renunciando a "oponer la defensa de inmunidad soberana".

La denuncia fue realizada ante la Cámara Federal y recayó por sorteo en el juzgado a cargo de Sergio Torres con la intervención del fiscal del fuero Patricio Evers.

En la denuncia se solicita que "a fin de resguardar todo aquello que afecte la soberanía de la República Argentina hasta que el texto del decreto del PEN sea debidamente analizado por la Justicia y se finalice con la investigación preliminar penal se "suspendan los efectos del Decreto Nº 29/2017 Publicado en el BO" en enero pasado.

Para el denunciante Fernando Miguez, "pasando por alto al Congreso, a la Constitución y a los intereses de la Patria, Macri firmó un Decreto que rescinde la Soberanía argentina para poder adquirir nueva deuda, a medida de los Fondos Buitre".

"Macri le permitió a Luis Caputo (ministro de Finanzas) emitir bonos por 20.000 millones de dólares con legislación extranjera. Podría repetirse la historia holdout", dice la denuncia presentada.

Según el texto debe investigarse si hay delito porque Macri firmó el decreto 29/2017 que habilita al gobierno a endeudarse renunciando a la jurisdicción nacional a favor de tribunales extranjeros en EE.UU. e Inglaterra y que dispone la renuncia a oponer la defensa de inmunidad soberana.

"Esto habilita, frente a un futuro default y reestructuración de deuda, nada descabellado dado el ritmo frenético de endeudamiento que lleva adelante el actual gobierno, que los Fondos Buitre vuelvan a adquirir bonos para luego reclamarlos en tribunales internacionales afines a sus intereses, obligando nuevamente a la Argentina a pagar bonos en condiciones totalmente usurarias", advirtió el denunciante.

Se destacó además que el decreto "se opone también a la resolución de la ONU promovida por la Argentina en 2015, cuyo principio 6to sostiene: El principio de la inmunidad soberana de jurisdicción y ejecución en materia de reestructuración de la deuda soberana es un derecho de los Estados ante los tribunales internos extranjeros, y las excepciones deberán interpretarse de manera restrictiva", dice la presentación.