Si bien la primera reunión formal de la comisión será a partir de marzo, cuando quede totalmente integrado el cuerpo con las designaciones de un representante del Ministerio de Seguridad y otro de Desarrollo Social, el lunes comenzará el trabajo previo que incluye reuniones internas para avanzar en el armado de un plan de trabajo.

La primera reunión preparatoria será el lunes a las 11, e incluye "el reglamento, la metodología de trabajo, los días de reunión y un plan interactivo con Justicia 2020", según adelantaron a Télam fuentes cercanas a la presidencia de la comisión.

La Comisión, que fue creada el martes pasado por el decreto 103, firmado por el presidente Mauricio Macri y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, tendrá "un año de plazo" para elevar al Poder Ejecutivo un anteproyecto que concentre toda la legislación penal en un único cuerpo normativo.

El actual Código Penal es de 1921 (empezó a regir en 1922), e incluye más de 900 modificaciones y adaptaciones parciales que fueron incorporándose a lo largo de los 95 años transcurridos hasta hoy en forma de legislación especial.

A menos de una semana de su creación, el martes 14 de febrero, la comisión comenzará sus reuniones preparatorias al inicio de lo que será su trabajo formal, presidida por el titular de la Cámara Federal de Casación Penal, Mariano Borinsky, y con la secretaría general a cago del director nacional de Política Criminal y director ejecutivo de la Maestría y Especialización en Derecho Penal de la Universidad Austral, Carlos Mauricio González Guerra.

Completan la nómina de integrantes el fiscal de la Procuración General de la Nación, Pablo Nicolás Turano; el ex ministro de Justicia bonaerense e integrante de la Cámara de Casación Penal bonaerense Carlos Alberto Mahiques; y la jueza Patricia Marcela Llerena; el presidente de la Corte suprema de Justicia de Santa Fe, Daniel Erbetta; el titular d ella Federación Argentina de la magistratura (FAM), Víctor María Vélez; el procurador general de Salta, Pablo López Viñals; el juez de tribunal oral Guillermo Jorge Yacobucci; el abogado Fernando Jorge Córdoba y la jueza Patricia Susana Ziffer.

En una entrevista publicada hoy por la Universidad Austral, el secretario de la Comisión destacó el objetivo de realizar una "reforma global" , para darle al código la "sistematicidad" y el "orden" que no le daban las sucesivas modificaciones y actualizaciones que se fueron incorporando como anexos.

"Hay que proyectar un cuerpo único, pensado cien por ciento de cero", que incorpore "conductas penales que la sociedad considera disvaliosas y que se penan por fuera del Código Penal, en lo que se llaman leyes especiales", dijo González Guerra en la entrevista.

Se refería al Régimen Penal Tributario, la Ley Penal Cambiaria y la Ley de Drogas van por afuera del Código, y nuevas conductas como el ciberdelito, delitos contra el medioambiente, delitos urbanísticos y contra los derechos de los trabajadores, "que antes no se se consideraban tan disvaliosas como para castigarlas penalmente", según explicó.

Lo mismo sucede con los delitos contra la administración pública que, según admitió, "tienen penas quizás un poco bajas en comparación con otros delitos".

Para discutir estos temas, la comisión trabajará con una idea de "debates" de los que participarán universidades y organizaciones de la sociedad civil, así como comisiones especiales del Congreso, y también de "pluralidad", que estará dada por los actores involucrados: jueces, fiscales, académicos, y funcionarios del área nacional, federal y provincial.

El objetivo es lograr un nuevo código penal que reúna el consenso necesario como para que pueda ser aprobado en el Congreso, algo que no logró el anterior proyecto que en 2012 reunión a Eugenio Zaffaroni, Federico Pinedo, Ricardo Gil Lavedra, León Arslanian y María Elena Barbagelat.

Se descuenta que generará debate el tema de la reincidencia, entre los que piensan que a las personas se las castiga por el hecho y no por su conducta anterior, el de la reducción de penas, y también la libertad condicional.

La comisión está integrada dentro del Ministerio de Justicia y su programa "Justicia 2020", que es una agenda y metodología de trabajo que incluye también la discusión sobre la edad de imputabilidad de los menores, otro de los temas que generará un gran debate.