"Un proceso de 10 años, ya que el dictado del Código Procesal Penal comenzó en 2007, no puede considerarse apresurado, más bien ha sido el producto de la prudencia de todos los sectores involucrados", destacaron fuentes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

La prórroga del período de transición –posibilidad establecida en el artículo 24 de la ley 13.004– fue una decisión del Poder Ejecutivo mediante el decreto 67/2017, con la finalidad de lograr una adecuada transición por parte de todos los actores del sistema.

 

Desde el Ministerio de Justicia detallaron que "la decisión del gobernador se basa en impulsar la investigación de todas las causas del viejo sistema con la finalidad de no garantizar la impunidad".

El procurador de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Barraguirre, detalló, en diálogo con Radio 2 de Rosario, que "en Santa Fe hay tres jueces de sentencia" (trabajando en el viejo sistema). "Con la Secretaría de Gobierno de la Corte estamos tomando nota de que en los casos que han quedado, los jueces no tienen más causas que las que el promedio histórico. Ese es el cuidado que se ha tenido o que ha ido teniendo a lo largo de este proceso la Corte para producir, por un lado, las transferencias que la ley ordenaba, fortaleciendo la institucionalidad del nuevo sistema; y, al mismo tiempo, sin desguarnecer el trámite de las viejas causas. Por ejemplo, para este año hay programados importantes juicios orales en el viejo sistema, por decir dos causas, la de calle Salta y Los Monos", dijo Barraguirre que estimó que aún quedan 22.000 causas en el viejo sistema.
 

Iniciativa
 

Desde la cartera de Justicia y Derechos Humanos aseguraron que "este gobierno ha decidido además de prorrogar el también denominado «sistema residual» de causas penales por seis meses, enviar un proyecto de ley que contempla el debido tratamiento para todas y cada una de las causas, dejando de lado la idea de Archivo Administrativo para los expedientes que no tuvieron o no pudieron ser impulsados".

 

Ese proyecto de ley contempla poner en cabeza de los actores de este nuevo sistema de enjuiciamiento penal –de estándares internacionales– la resolución de todas las causas penales de este período de conclusión de causas, siendo estos los que, además de llevar adelante la política de persecución, defensa, garantía y juzgamiento penal, tengan la potestad y la obligación de definir la forma de finalizar las mismas con un criterio unificado y entendiendo que todas las causas merecen tener una resolución adecuada y analizada en el caso concreto.
 

"De esa manera se logra unificar los sistemas de enjuiciamiento penal actualmente vigentes en la provincia, brindando a la sociedad la posibilidad de que se resuelvan todas las causas utilizando todos los recursos que al día de hoy se encuentran dispersos en dos esquemas y lógicas de trabajo distintas, disipando la sensación de impunidad que esta dicotomía generaba", concluyeron.