Sergio Rodríguez quien encabeza la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), denunció penalmente por lavado de dinero al director de Trasporte Fluvial y Marítimo del ministerio a cargo de Guillermo Dietrich.

 

La PIA realizó una investigación preliminar se luego de notas publicadas en La Nación y Ámbito Financiero que hacían referencia a la situación de Gustavo Deleersnyder, el funcionario que finalmente resultó denunciado.

 

En las notas se informaba que un empresario del área había presentado denuncias contra el director de Transporte Fluvial y Marítimo ante las autoridades del ministerio, y que ese material había sido girado a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Oficina Anticorrupción (OA) y la Unidad de Información Financiera (UIF). Incluso se reveló que las denuncias contra Deleersnyder se habían presentado ante la subsecretaría de Puertos y Vías Navegables del Ministerio de Transporte de la Nación. El fiscal Rodríguez destacó en su denuncia que en las notas periodísticas se habló de un posible "cajoneo" de las presentaciones.

 

Rodríguez investigó lo que decían las notas y halló al empresario que hizo las presentaciones: Joaquín Salas.

 

Según la denuncia de Rodriguez que está en el juzgado de Ariel Lijo, Deleersnyder, antes de ser designado funcionario público, habría creado una sociedad off shore con cuenta bancaria asociada para facturar en el extranjero servicios locales y de esa forma evadir impuestos.

 

La PIA también señaló la constitución de otras dos sociedades en el extranjero que el funcionario usaría para la compra de activos. En la denuncia se explica que antes de ser funcionario Deleersnyder trabajaba como "práctico" y para evadir impuestos abrió una cuenta en el Uruguay. No facturaba en Argentina por el trabajo que hacía para barcos de armadores extranjeros en Argentina y lo cobraba en el exterior. Una cuenta en Uruguay y una sociedad off shore en Bahamas eran las utilizadas para la maniobra.

 

Según la denuncia de la PIA la operación investigada encuadra no sólo en el delito de evasión impositiva sino también en el lavado de dinero debido a que producto de la maniobra se pudieron comprar bienes con lo producido por no facturar en la Argentina.

 

En febrero, cuando termine la feria judicial el caso comenzará a moverse. Quedó en manos de Lijo y del fiscal Guillermo Marijuán.