Tras permanecer detenida durante más de dos años, Belén recuperó la libertad el 18 de agosto pasado por un dictamen del máximo tribunal, que dejó sin efecto la prisión preventiva dispuesta por la sala III de la Cámara Penal integrada por los jueces Dante Ibáñez, Néstor Rafael Macoritto y Fabián Adolfo Fradejas.

 

A partir de ese momento comenzaron los plazos procesales para que la Corte Suprema tome una decisión final sobre el caso y cuyo vencimiento se producirá mañana, según recordaron diferentes organizaciones que insisten en que "Belén debe ser absuelta y su condena, anulada".

 

Belén llegó el 21 de marzo de 2014, junto a su madre, al hospital Avellaneda de la capital tucumana con dolores estomacales y los médicos le administraron calantes, además de recomendar que permanezca internada en la guardia.

 

La joven sufrió una hemorragia, le diagnosticaron un "aborto espontáneo incompleto sin complicaciones", según consta en la historia clínica elaborada por el primer médico que la atendió, pero a partir de ahí comenzaron las acusaciones, sospechas y el proceso judicial que la condenó a ocho años de prisión.

 

En un baño del hospital encontraron un feto que médicos, policías y funcionarios judiciales le adjudicaron a Belén, pese a que nunca se realizó un estudio de ADN que demuestre su relación con la joven.

 

En ese momento le dictaron prisión preventiva, la condenaron y fue llevada presa al Penal de Santa Ester donde permaneció hasta que la Corte determinara su libertad.

 

"Belén es hoy un caso paradigmático de cómo la criminalización del aborto recae de manera desigual y discriminatoria sobre las mujeres pobres y jóvenes, y cómo la política penal cercena su derecho a la salud", sostuvo un comunicado de Amnistía Internacional que se difundió hoy.

 

Por su parte, el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) aseguró que la Corte tucumana "puede sentar las bases para que no existan otros casos como el de Belén y dar un mensaje claro a los funcionarios encargados de diseñar políticas públicas, a quienes integran los servicios de salud y al sistema de justicia, para que el respeto y la garantía de los derechos humanos de las mujeres sean centrales en sus acciones".

 

Cuando el caso se hizo público, se conformó la Mesa para la Libertad de Belén, compuesta por 40 organizaciones de un arco político variado, mientras que a nivel mundial, Amnistía Internacional recogió más de 120.000 firmas que respaldaron el pedido de libertad.

 

Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales exigieron que "se tomen medidas para la inmediata liberación de Belén en virtud de las violaciones que se cometieron, sin respetar estándares internacionales de derechos humanos".