La oposición propone además, a través de un proyecto de la concejala Marcela Aeberhard, que los controles alcancen también la venta de tarjetas SIM. En este sentido, plantean la creación de un sistema de identificación del comprador de chips. Aseguran que acceder a los mismos desde el "anonimato" y en cualquier comercio –incluso no perteneciente al rubro de telefonía celular– permite una variedad de modalidades delictivas, como por ejemplo estafas, amenazas, incluso secuestros virtuales.
 

Los ediles consultados por UNO Santa Fe, del oficialismo y de la oposición, comentaron que el objetivo es llegar a una sanción definitiva en las próximas sesiones, antes de fin de año. En tanto, el municipio avanza mediante convenios con el Enacom (Ente Nacional de Comunicaciones) en la compatibilización de datos que permitan registrar, a través de un sistemático informático, el ingreso o egreso de los celulares que se compran o venden en los locales.
 

En diálogo con UNO Santa Fe, la concejala por el Frente Progresista Cívico y Social, Adriana Molina, manifestó: "Probablemente tengamos que hacer algunas reuniones más de trabajo en comisiones. Me parece que es una ordenanza muy importante. Tengo buenas expectativas para que en un par de sesiones de pueda aprobar".
 

Por su parte, la edila justicialista Marcela Aeberhard señaló: "Toda iniciativa que apunte a proteger los bienes de los santafesinos se debe analizar". Consultada sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo antes de fin de año, dijo: "Yo creo que sí. Falta tener la respuesta de otros bloques del justicialismo. Yo, en términos personales, estimo que sí. Vengo trabajando en la idea, nos hemos involucrado en la temática".
 

La iniciativa está destinada a comercios que se dedican a la prestación de servicio técnico, compra y venta de equipos de telefonía móvil, como celulares y smartphones.

La normativa impulsada por la Municipalidad propone instrumentar un sistema informático de utilización obligatoria para comercios vinculados a la telefonía móvil, que permitirá verificar en tiempo real, a través de internet, datos personales del vendedor y el número de identidad internacional de equipo móvil (IMEI) de cada equipo nuevo o usado que se disponga en stock y de los que hayan sido vendidos. Además de asentar esta información, los comerciantes tendrán que comprobar que los equipos no se encuentran en "banda negativa" (denunciados por robo o extravío) conforme la base de datos de acceso público elaborada por el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom).
 

Por otro lado, el proyecto prevé que la Municipalidad efectúe controles, inspecciones y verificaciones periódicas para así garantizar, por parte de los comercios, el cumplimiento de las obligaciones. En caso contrario, el gobierno local tendrá la facultad de multar, suspender la habilitación o clausurar el establecimiento por tiempo determinado, atendiendo a la gravedad de la falta.
 

Ramiro Dall'Aglio, secretario de Control Municipal, explicó las intensiones de la ordenanza en discusión. "La idea central que tenemos es que podamos atacar el mercado controlándolo de tal manera que no se puedan vender celulares denunciados como robados", indicó.
 

Con respecto al mecanismo que utilizaría el municipio para llevar adelante la inspección, apuntó: "La lógica es la misma que se utiliza con el sistema de armas. A los locales se les daría un usuario para acceder a un sistema informático. De manera on line deberían registrar el ingreso o egreso de cualquier celular que compran o vendan en ese comercio".
 

"Además inspeccionaríamos regularmente estos locales. Todos los equipos que tengan deberían estar registrados en el sistema", resaltó.
 

La idea de la concejala Aeberhard es ampliar el control planteado por el proyecto municipal para que alcance también a la venta de tarjetas SIM, más conocidas como chips. "Presentamos un proyecto de ordenanza donde pedimos que sea tratado en forma conjunta. Tiene como objetivo identificar al comprador del chip del celular. La idea es acreditar la titularidad en la venta, fundamentalmente en los servicios prepagos", explicó al matutino.
 

Entre los fundamentos, la legisladora sostiene que las tarjetas SIM (módulo de identificación del suscriptor español) se pueden adquirir en cualquier comercio, incluso no relacionado al rubro de telefonía celular, como por ejemplo kioscos, polirrubros, librerías y hasta almacenes. "La idea es que no quede en el anonimato la compra. Que el comprador de un chip deje su identidad. Hoy se compra un SIM y no se lo vincula con la identidad de una persona. Esta situación permite el accionar de actos delictivos, como pueden ser amenazas o secuestros virtuales", relató.
 

Entre los fundamentos, el proyecto del bloque justicialista, sostiene que es "necesario instrumentar políticas adecuadas, para determinar ciertas pautas a seguir en la venta y comercialización de la telefonía celular y sus componentes". Asegura además que "la regulación comercial permitirá sacar del anonimato a quienes, valiéndose de la falta de mecanismo de control, utilizan estos medios para delinquir".