Politica 06.08.2016
NACIONALES
Sube la presión contra Gils Carbó: denuncias, críticas y una interna cada vez más tensa
La jefa del Ministerio Público es acusada de montar una estructura identificada con el kirchnerismo. Dos ONG fueron a la Justicia para pedir que varios fiscales sean removidos. Macri busca desplazarla y los cuestionamientos también crecen en Comodoro Py
Por: Agenciafe/Infobae /
El Ministerio Público Fiscal es escenario de un pulseada que mezcla en dosis parejas cuestiones jurídicas, políticas y, también, personales. La procuradora General, Alejandra Gils Carbó, jefa formal de los fiscales, enfrenta en las últimas semanas un virtual estado de rebelión de sectores que quieren su desplazamiento. La acusan de montar una estructura identificada en términos ideológicos y jurídicos con el kirchnerismo para, desde ese espacio, proteger los intereses de ex funcionarios acusados por hechos de corrupción y al mismo tiempo bloquear la gestión del gobierno de Mauricio Macri. Ella resiste de su despacho, habla de presiones políticas y advierte que está dispuesta a ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en caso ser desplazada de manera ilegal.
El equilibrio de fuerzas en la puja pareció quebrarse la semana pasada cuando a los tribunales llegaron dos denuncias, del Colegio de Abogados de la ciudad de Buenos Aires y de la ONG Será Justicia, que abrieron un nuevo capítulo: se trata de dos recursos de amparo que piden que se declaren inconstitucionales los concursos convocados por Gils Carbó para cubrir fiscalías vacantes con candidatos provenientes de "canteras" de inocultable simpatía con el proyecto político que terminó el 10 de diciembre de 2015: Justicia Legítima, el Centro de Estudios Legales y Sociales, Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. Según los planteos, uno de los cuales recayó en el juzgado de Esteban Furnari, de allí salieron los postulantes y, al mismo tiempo, los candidatos.
Pero esos planteos cristalizan en un expediente frío una situación previa, de una tensión con una temperatura cada vez más alta. Los fiscales, sobre todo los que cumplen sus funciones desde el edificio de Comodoro Py, en el barrio porteño de Retiro, son los responsables de que una investigación contra un funcionario o un hecho de corrupción avance o quede estancada en un limbo de recursos y trámites leguleyos que sirven, solamente, para alejar la Justicia.
Caído el Frente para la Victoria de la cúspide del poder político, las causas por corrupción tomaron un súbito ritmo. Se pasó de la parálisis a un ritmo frenético de allanamientos, detenciones, más allanamientos, más detenciones, excavadoras, bolsos voladores en monasterios, más allanamientos, confesiones y otras delicias. En todos los casos, los fiscales tuvieron un rol clave.
CRITICAS CRUZADAS
Los memoriosos de Comodoro Py recuerdan que "nunca" el rol del Procurador General de la Nación generó tanta controversia. Después de la renuncia ruidosa de Esteban Righi -acusado por el vicepresidente Amado Boudou, cuando estalló el caso Ciccone- y del fugaz intermezzo de Luis Santiago González Warcalde, llegó en agosto 2012 Gils Carbó. Asumió después de pasar sin mucha dificultad el tamiz del Senado, después del papelón penoso de Daniel Reposo, el síndico ultrakirchnerista que hizo famoso el "error de tipeo".
"Nuestra tarea es esa: investigar, buscar y encontrar ladrones de cuello blanco que se enriquecieron y defraudaron al Estado. Estado somos todos y cada uno de nosotros. ¿Qué tenemos que ver nosotros con organizar un festejo por el Día del Niño o armar la biblioteca Carlos Mugica en la villa 31? Esa es una tarea loable que uno, desde lo personal, la puede apreciar, compartir y colaborar, pero que corresponde a otra área del Estado y no a un Poder como es el Ministerio Público, que tiene otra misión específica".
El que habla es un fiscal de alto perfil, una de las nueve fuentes de todos los sectores que Infobae consultó, en estricto off the record, para este reportaje. Es una crítica que se repite y que contrasta con los planteos que surgen desde las entrañas de la Procuración General.
"Nos quieren sacar porque quieren recuperar privilegios y que el Ministerio Público se convierta, otra vez, en un poder cerrado. Los que nos atacan son abogados de corporaciones y defensores de represores. En las últimas semanas crecieron las presiones, pero nosotros vamos a seguir porque nos ampara la ley", responden colaboradores de la Procuradora.
En las presentaciones realizadas por la ONG Será Justicia y por el Colegio de Abogados, los demandantes pidieron que se declare la inconstitucionalidad de los concursos organizados por Gils Carbó debido a que se modificó el sistema de elección por sorteo de los integrantes del tribunal de selección por la decisión personal de la procuradora -que a la vez era presidente de ese cuerpo de examinadores- para, según ese planteo, favorecer eventualmente a determinados postulantes.
En la presentación del Colegio de Abogados, que preside Guillermo Lipera, se destaca que antes de la reforma, el tribunal que iba a tomar examen a un candidato a ascender era integrado por sorteo para "garantizar objetividad e imparcialidad". Además, el presidente de ese tribunal de selección era un fiscal general de prestigio. Esas condiciones fueron dejadas sin efecto y se pasó a elegir "de manera discrecional", según los demandantes, con la propia Gils Carbó como presidente de ese tribunal.
Tanto en los recursos presentados por los abogados como en las entrevistas con las diversas fuentes, se menciona el "fallo Hughes", porque el que la Cámara en lo Contencioso Administrativo invalidó el reglamento que le permitió a Gils Carbó la designación discrecional de los tribunales. Uno de los fundamentos de esa sentencia es que con el cambio se vulneró el principio de "progresividad del derecho".
"Si la mayoría de edad se estableció a los 18 años, no se puede después volver a establecerla a los 21. Con el establecimiento del sorteo, se garantizaba la independencia, la objetividad y transparencia, pero el cambio de Gils Carbó retrotrajo la situación a tener menos derechos para los participantes de los concursos", destaca otra de las fuentes.
Los concursos observados, y que podrían ser puestos en duda su legitimidad, son los que figuran en la página web oficial del Ministerio Público Fiscal, a partir del número 94. Allí empiezan a repetirse los nombres y las identificaciones político-jurídica. Justicia Legítima también el CELS y los abogados de organismos de derechos humanos empieza a tener un rol distinto.
El equilibrio de fuerzas en la puja pareció quebrarse la semana pasada cuando a los tribunales llegaron dos denuncias, del Colegio de Abogados de la ciudad de Buenos Aires y de la ONG Será Justicia, que abrieron un nuevo capítulo: se trata de dos recursos de amparo que piden que se declaren inconstitucionales los concursos convocados por Gils Carbó para cubrir fiscalías vacantes con candidatos provenientes de "canteras" de inocultable simpatía con el proyecto político que terminó el 10 de diciembre de 2015: Justicia Legítima, el Centro de Estudios Legales y Sociales, Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. Según los planteos, uno de los cuales recayó en el juzgado de Esteban Furnari, de allí salieron los postulantes y, al mismo tiempo, los candidatos.
Pero esos planteos cristalizan en un expediente frío una situación previa, de una tensión con una temperatura cada vez más alta. Los fiscales, sobre todo los que cumplen sus funciones desde el edificio de Comodoro Py, en el barrio porteño de Retiro, son los responsables de que una investigación contra un funcionario o un hecho de corrupción avance o quede estancada en un limbo de recursos y trámites leguleyos que sirven, solamente, para alejar la Justicia.
Caído el Frente para la Victoria de la cúspide del poder político, las causas por corrupción tomaron un súbito ritmo. Se pasó de la parálisis a un ritmo frenético de allanamientos, detenciones, más allanamientos, más detenciones, excavadoras, bolsos voladores en monasterios, más allanamientos, confesiones y otras delicias. En todos los casos, los fiscales tuvieron un rol clave.
CRITICAS CRUZADAS
Los memoriosos de Comodoro Py recuerdan que "nunca" el rol del Procurador General de la Nación generó tanta controversia. Después de la renuncia ruidosa de Esteban Righi -acusado por el vicepresidente Amado Boudou, cuando estalló el caso Ciccone- y del fugaz intermezzo de Luis Santiago González Warcalde, llegó en agosto 2012 Gils Carbó. Asumió después de pasar sin mucha dificultad el tamiz del Senado, después del papelón penoso de Daniel Reposo, el síndico ultrakirchnerista que hizo famoso el "error de tipeo".
"Nuestra tarea es esa: investigar, buscar y encontrar ladrones de cuello blanco que se enriquecieron y defraudaron al Estado. Estado somos todos y cada uno de nosotros. ¿Qué tenemos que ver nosotros con organizar un festejo por el Día del Niño o armar la biblioteca Carlos Mugica en la villa 31? Esa es una tarea loable que uno, desde lo personal, la puede apreciar, compartir y colaborar, pero que corresponde a otra área del Estado y no a un Poder como es el Ministerio Público, que tiene otra misión específica".
El que habla es un fiscal de alto perfil, una de las nueve fuentes de todos los sectores que Infobae consultó, en estricto off the record, para este reportaje. Es una crítica que se repite y que contrasta con los planteos que surgen desde las entrañas de la Procuración General.
"Nos quieren sacar porque quieren recuperar privilegios y que el Ministerio Público se convierta, otra vez, en un poder cerrado. Los que nos atacan son abogados de corporaciones y defensores de represores. En las últimas semanas crecieron las presiones, pero nosotros vamos a seguir porque nos ampara la ley", responden colaboradores de la Procuradora.
En las presentaciones realizadas por la ONG Será Justicia y por el Colegio de Abogados, los demandantes pidieron que se declare la inconstitucionalidad de los concursos organizados por Gils Carbó debido a que se modificó el sistema de elección por sorteo de los integrantes del tribunal de selección por la decisión personal de la procuradora -que a la vez era presidente de ese cuerpo de examinadores- para, según ese planteo, favorecer eventualmente a determinados postulantes.
En la presentación del Colegio de Abogados, que preside Guillermo Lipera, se destaca que antes de la reforma, el tribunal que iba a tomar examen a un candidato a ascender era integrado por sorteo para "garantizar objetividad e imparcialidad". Además, el presidente de ese tribunal de selección era un fiscal general de prestigio. Esas condiciones fueron dejadas sin efecto y se pasó a elegir "de manera discrecional", según los demandantes, con la propia Gils Carbó como presidente de ese tribunal.
Tanto en los recursos presentados por los abogados como en las entrevistas con las diversas fuentes, se menciona el "fallo Hughes", porque el que la Cámara en lo Contencioso Administrativo invalidó el reglamento que le permitió a Gils Carbó la designación discrecional de los tribunales. Uno de los fundamentos de esa sentencia es que con el cambio se vulneró el principio de "progresividad del derecho".
"Si la mayoría de edad se estableció a los 18 años, no se puede después volver a establecerla a los 21. Con el establecimiento del sorteo, se garantizaba la independencia, la objetividad y transparencia, pero el cambio de Gils Carbó retrotrajo la situación a tener menos derechos para los participantes de los concursos", destaca otra de las fuentes.
Los concursos observados, y que podrían ser puestos en duda su legitimidad, son los que figuran en la página web oficial del Ministerio Público Fiscal, a partir del número 94. Allí empiezan a repetirse los nombres y las identificaciones político-jurídica. Justicia Legítima también el CELS y los abogados de organismos de derechos humanos empieza a tener un rol distinto.