"Por el Ministerio de Producción de la Nación, los recibió Pedro Inchauspe vice jefe del gabinete que encabeza Francisco Cabrera en la tarde de este miércoles; los trabajadores fueron escuchados y dado que la autoridad competente para dar curso a sus reclamos es la titular del Juzgado que entiende la causa de la quiebra, Valeria Pérez Casado, se coordinó con ellos para que fueran recibidos por la jueza lo antes posible.", indicaron a Télam altos funcionarios del área.

 

"Ellos tienen un reclamo ahora sobre la cantidad de dinero que reciben los trabajadores que aún no fueron reincorporados y por eso se les explicó que cualquier modificación que se haga al acuerdo original debe ser tramitado y resuelto por la jueza Valeria Pérez Casado", precisaron en el Ministerio corrigiendo la versión expuesta por los trabajadores -liderados por Silvio Etcheun-, que tomaron la decisión de encadenarse hasta "que alguien nos reciba".

 

"Vamos a permanecer acá toda la noche si es necesario hasta que alguien nos reciba y nos dé una solución", había expresado a Télam en las primeras horas de la noche el Secretario General del Sindicato de la Industria de la Carne del Gran Buenos Aires, Silvio Etcheun, a pesar de que ya habían sido recibidos por el vice jefe de Gabinete del Ministerio de Producción de la Nación, Pedro Inchauspe.

 

"Levantamos un corte y vinimos a este Ministerio porque nos prometieron que nos iban a escuchar. Pero no vino nadie", señaló Silvio Etcheun, secretario general del Sindicato de la Industria de la Carne del Gran Buenos Aires (Sicgba), ante la consulta periodística sobre las razones que los llevaron a encadenarse ante el histórico edificio del Palacio de Hacienda, en el lateral sur de la Casa Rosada.

 

Los trabajadores reclaman cobertura de obra social, bolsas de alimentos; incremento de los Repro de 6.000 a los 10.000 pesos y la entrega de garrafas sociales para las familias de los cesanteados.

 

"Hay gente que no tiene cobertura y la está pasando mal. Dejamos el corte para volver con una solución y no la tenemos. Mañana van a estar acá todos los compañeros que estaban con nosotros en la (Ruta) 205", remarcó el gremialista de la carne.

 

Desde el Ministerio de la Producción explicaron a Télam que "el proceso de reincorporación de todos los trabajadores continúa según lo planificado y se ha logrado reincorporar a trabajadores aún antes de lo previsto en la programación del momento en que se reactivó la producción de la planta de Cresta Roja".

 

"La empresa volvió a operar hace menos de un mes, luego de la quiebra decretada en diciembre de 2015, y para lograr esta recuperación, el foco estuvo puesto en la conservación de fuentes de trabajo y de la diversidad de la oferta del sector, mientras que la preservación de la matriz genética fue la prioridad, ya que a medida que el ciclo productivo avanza, se van poniendo en marcha todas las etapas de producción", detallaron en el Ministerio.

 

"El plan continuará adelante hasta integrar nuevamente a todos los trabajadores", enfatizaron los funcionarios nacionales que actúan junto al Ministerio de Trabajo y de Agroindustria de la Nación, más sus equivalentes del gobierno bonaerense, coordinados por el Ministerio de Producción nacional.

 

"Actualmente, son 1.433 los operarios que retomaron su actividad normal, pero ese número se preveía alcanzar recién en agosto, lo que refleja que la recuperación del empleo está más acelerado de programado inicialmente, y mientras se completa el proceso -que finalizará en 2017- los 1580 todavía no reincorporados trabajadores de Cresta Roja reciben apoyo y acompañamiento del Estado, con un subsidio de $6.000 por cada uno", precisó el Ministerio de Producción.

 

En base a estos datos reafirman que "según el cronograma de reincorporación, ya se han logrado superar las expectativas planificadas inicialmente, en las que se esperaba alcanzar estas cifras recién para el mes de agosto de 2016".

 

La empresa se encuentra bajo un proceso de quiebra a cargo de la jueza Valeria Pérez Casado, quien en diciembre, y por pedido del Gobierno nacional, aceptó que tres firmas (Ovoprot, Tanacorsa y Lacau) tomaran la administración de las instalaciones de Cresta Roja, que era propiedad de la familia Rasic.

 

El grupo Rasic entró en crisis a causa de las exportaciones realizadas a Venezuela inducidas por la gestión de Cristina Fernández de Kirchner pero de esas operaciones, quedaron ventas impagas por más de $2.000 millones.