Hace 7 años, una chica de 21 años desapareció de la esquina de 25 de Mayo y Suipacha, en plena Recoleta santafesina, y nunca más se la volvió a ver. Se llama Natalia Liliana Soledad Acosta y su familia la está buscando. Creen que el motivo por el cual aún no encontraron ningún rastro de ella es porque cayó en una red de trata. Por eso, mañana, a las 9.30, en la Plaza 25 de Mayo, frente a Casa de Gobierno y el Palacio de Tribunales, van a realizar una volanteada y conferencia de prensa para exigirle al Estado una búsqueda más intensa de la joven.

Durante estos años, María Cristina Balán y Ariel Acosta -los padres de Natalia- estuvieron acompañados por organizaciones sociales como el Foro Santa Fe Contra la Trata y Campaña Abolicionista Ni Una Mujer más Víctima de las Redes de Prostitución, GENERAR, Mujeres en Actividad y el Programa de Género de la Universidad Nacional del Litoral. En conjunto, para este aniversario elaboraron un documento en el que detallan cómo fueron las últimas horas de aquel 29 de mayo, cuando Natalia fue vista por última vez y cuál fue el derrotero del expediente que si bien estuvo en la Justifica federal para que se investigue el delito de trata de personas, hoy está en los tribunales provinciales caratulado como un simple pedido de paradero.

Pistas en Santa Fe, Recreo y Rincón

Natalia fue vista por última vez el 29 de mayo de 2009, en la esquina de 25 de Mayo y Suipacha, donde ejercían la prostitución bajo el control e influencia de Eduardo. D. R., un hombre con el que convivía en medio de una relación violenta. Según declararon familiares de Natalia, Eduardo D.R. había llegado a amenazarla en la calle, con un arma de fuego. Esa noche, ambos se mandaron mensajes de texto. A las 3, Eduardo le dijo que volviera a la casa que compartían en Santo Tomé, y que dos horas más tarde ya no se pudo volver a comunicar. En su declaración testimonial, Eduardo D. R. dijo que esa mañana fue con su madre a buscar a Natalia a los hoteles que la chica frecuentaba, pero que no la pudieron encontrar.

Pese a que afirmó, sobre la desaparición, tener informaciones “muchas y no confiables”, además de descartar que Natalia “se haya ido por propia voluntad”, no fue investigado ni se solicitó que amplíe su declaración. Ese mismo 29 de mayo, a media mañana, los padres de Natalia radicaron la denuncia por su desaparición en la comisaría 1ª de la Unidad Regional I.

Desde entonces, surgieron pistas sobre el paradero de Natalia, que derivaron en allanamientos en barrios Barranquitas y Roma, y en las ciudades de Rincón y en Recreo. Los primeros fueron realizados en Santa Fe. Los datos le llegaron a uno de los hermanos de Natalia. El 4 de junio de 2009, Rodolfo Acosta contó que le dijeron que su hermana había sido llevada a casas ubicadas en Cochabamba al 4100 y Gobernador Vera al 4000. Los allanamientos dieron resultado negativo, no se halló a Natalia ni se pudo dar con las dos personas denunciadas y no hubo más investigaciones sobre esa pista.

Días después, un vecino de los padres de Natalia afirmó haberla visto semidesmayada, adentro de una camioneta negra en la ciudad de Rincón. El 17 de junio de 2009 se realizó un nuevo allanamiento en la zona cercana a calle Los Caracoles y el terraplén de defensa , pero tampoco hubo resultados.

Recién dos años después, en 2011, María Cristina y Ariel supieron que Gendarmería Nacional había encontrado en 2009 el teléfono celular de Natalia. Lo tenía un hombre que trabajaba en una verdulería ubicada sobre la ruta Nº 2 -que une Santa Fe con Monte Vera- a escasos 100 metros de la curva donde hay una whiskería. Esta persona dio tres versiones distintas sobre cómo obtuvo el teléfono y el caso se siguió investigando en una causa separada a la búsqueda de Natalia.

El 12 de febrero de 2012, los indicios volvieron desde la zona norte y el juez de instrucción Darío Sánchez, ordenó que se allane dos whiskerías ubicadas en Recreo, sobre la ruta 70, a donde se suponía que Natalia era llevada los fines de semana. Esos operativos tampoco dieron resultado.

Con tantos años de pesquisa fallida, ahora los padres de Natalia exigen actuar como querellantes bajo el patrocinio del defensor general de la provincia, Gabriel Ganón. “Consideramos que estamos ante un caso manifiesto de violencia institucional por la falta de acceso a la verdad y a la Justicia y es urgente empezar a investigar sin dilaciones”, expresaron y agregaron que en el pedido de constitución de querellantes incluyeron una batería de medidas probatorias que quieren que se realicen.