El defensor público de la provincia, Gabriel Ganón, salió ayer a refutar las críticas vertidas por el ministro de Justicia de Santa Fe, Ricardo Silberstein, respecto a la contratación por parte del Ministerio Público de la Defensa de un asesor en materia de seguridad —Enrique Font— por un sueldo mensual de 100 mil pesos. "Es una remuneración exorbitante que supera en forma holgada lo que gana el gobernador", cuestionó Silberstein a este medio, y adelantó: "Hay una alta posibilidad de que este contrato sea objetado por los órganos de control de la provincia por su falta de racionalidad".
Estas consideraciones generaron "consternación" en Ganón, quien repudió que "otra vez" el Ejecutivo "se arrogue la pretensión de poder inmiscuirse en otro poder del Estado" y cuestionó que a pesar "de los graves problema que tiene la administración de justicia, al ministro lo movilice tanto la contratación de un funcionario" que —aclaró— se hizo por "la dilación injustificada del propio Ministerio de Justicia, que desde hace tres años no concluye el expediente de designación del doctor Enrique Font". Tras considerar "vagas y poco claras" las declaraciones de Silberstein, "que a veces confunde ex profeso y en otras falta a la verdad", Ganón desmintió que, al decir del ministro, el Ejecutivo "no avaló el expediente de designación". "Eso es falso porque el Ejecutivo no puede avalar ningún expediente de otro poder del Estado, y lo que hizo fue inacción lisa y llana; el expediente de Font junto con el de otros  funcionarios designados por concursos públicos de oposición y antecedentes duermen en los estantes del Ministerio de Justicia sin ningún tipo de explicación oficial", arremetió el defensor público. Ganón aclaró que el concurso que designó a Font "no fue interno" (como dijo Silberstein) "sino público y el jurado estuvo integrado por los doctores Máximo Sozzo, Augusto Montero y Sebastián Amadeo".

Sobre los "reparos hacia la naturaleza del concurso", expresados por el ministro, dijo Ganón: "De haber existido algún reparo, debió ser hecho en tiempo y forma ante la Corte, y no se hizo ninguna objeción". "Por qué omite el ministro que el concurso fue aprobado por una acordada de la Corte luego de que se expidiera el procurador general en un dictamen, o tal vez el ministro niega la capacidad de la Corte de realizar concursos, validarlos y pedir las respectivas designaciones", regañó luego el defensor. También insistió en que "el gobernador no tiene posibilidades de intervenir ni revisar ya que son actos administrativos de otro poder del Estado". Además, dijo "desconocemos a qué se refiere (Silberstein) cuando hace mención a la «experiencia requerida», salvo que esté poniendo en duda las aptitud de los jurados para evaluar a los concursantes tanto en la oposición como en sus antecedentes". Sobre este punto destacó que Font es profesor titular de Criminología y vicepresidente del Subcomité contra la Tortura de las Naciones Unidas. "Piensa acaso el ministro que quien ha sido elegido por Naciones Unidas para tan importante cargo no se encuentra capacitado para desempeñar similares funciones en Santa Fe", chicaneó Ganón. Demora inexplicable. "Falta a la verdad (Silberstein) cuando afirma que no sería urgente una contratación, demorada inexplicablemente por el Ejecutivo, y que dice que hay dependencias de los poderes Ejecutivos y Judicial que se encargan de esas funciones ya que el Centro de Acceso a la Justicia (CAJ) tiene un criterio de selección de casos y una estructura muy pequeña, al punto que en los dos años de vigencia del nuevo sistema no ha patrocinado un solo caso de violencia institucional", agrega luego. Según Ganón, "si la real intención" de Silberstein fuera hacer austeridad, "con mucho gusto estamos dispuestos a discutir los sueldos y remuneraciones de todo el Poder Judicial y del Ministerio de Justicia en contrataciones de asesores como ex ministros del área, y del Instituto de Estudios Comparados Penales y Sociales contratados por ese Ministerio para algo que los mismos funcionarios del área deberían tener las capacidades suficientes para desempeñarse".

"En una cosa puede tener razón el ministro Silberstein —fustiga luego—, que Font pueda ganar más que el gobernador. No sabemos cuánto gana el gobernador pero suponemos que tiene razón. Seguramente una gran cantidad de funcionarios judiciales ganan muchísimo más que el gobernador: ministros de la Corte, camaristas, fiscales regionales, hasta jubilados del Poder Judicial ganan más que el gobernador". Finalmente, considera que "lo que verdaderamente opera tras todas estas maniobras de prestidigitadores de lo público es el deseo del gobierno de contar con funcionarios más afines al color político del mismo que no actúen en forma autónoma e independiente, paradójicamente lo que la ley exige, que sean dóciles, inocuas, inútiles". Y cerró: "Cabe recordar las cuestionadas designaciones del defensor del Pueblo doctor Bistoletti y de la doctora Analía Colombo como defensora de Niñas, Niños y Adolescentes, ambos vinculados a la gestión de este gobierno y que su silencio ominoso en demandar soluciones al Estado santafesino es más que evidente, o la propuesta de designación como defensor del Pueblo a un ex ministro como lo es Raúl Lamberto, que no defendió al pueblo como ministro, llevando a Santa Fe a tener la tasa más alta de homicidios de la Argentina".