Tres alumnos de la escuela San Roque que fueron detenidos el año pasado al comprobar que se habían realizado amenazas de bomba desde sus teléfonos, deberán pagar deberán abonar 20 mil pesos tras los costosos protocolos de emergencia que, entre otras acciones, implica que se corte con las actividades y todos los chicos deban salir a la calle. 

El dinero se abonará a la cooperadora del colegio y los ahora exalumnos deberán realizar 60 horas de tareas comunitarias en un lapso de 6 meses. Las tareas deberán cumplirlas de acuerdo a lo que se les asigne en el Nodo I de Salud de la provincia, que será el encargado de realizar la distribución correspondiente.

Uno de los alumnos había realizado tres de las cinco amenazas contra la escuela. “A los dos estudiantes varones –cuyas iniciales son AP y JG– se les atribuyeron tres de los cinco hechos ilícitos por los cuales se les imputó el delito de intimidación pública en calidad de partícipes principales”, detalló la fiscal Parodi del MPA.

La estudiante mujer, cuyas iniciales son VBB, fue imputada por los cinco hechos. Por dos de ellos se le endilgó la autoría del delito de intimidación pública, mientras que por los otros tres hechos, de los que participaron los otros dos jóvenes, fue imputada comopartícipe principal de intimidación pública.

Los actos llevados a cabo por los jóvenes investigados provocaron el despliegue de las fuerzas especiales que actúan en estos casos, el desalojo del inmueble escolar y la alteración del normal desarrollo de las actividades escolares. Además, alarmaron a la comunidad e infundieron temor, en especial, en los vecinos y en los transeúntes que pasaban por el lugar, remarcaron desde la fiscalía.