El suicidio del expresidente peruano, Alan García, no solo causó conmoción. También abrió las puertas al debate sobre el uso de la medida de prisión preventiva para aquellos ciudadanos acusados de cometer algún delito, mientras dure su proceso judicial. En otras palabras, pagar cárcel sin ser condenado.

La de García fue una decisión que él mismo justificó como una manera de evitar "la injusticia" de ser detenido por presuntos actos de corrupción. Al menos así lo confirma una carta divulgada por su propia hija Lucía García Nores durante la velación del lider aprista.

Un video dado a conocer este lunes 22 de abril por la televisión peruana muestra el momento en que Alan García recibió al fiscal y a los policías que iban a detenerlo, minutos antes de que éstos escucharan el disparo que finalmente acabó con su vida.

En efecto, antes de su suicidio, los funcionarios iban con la plena disposición de detener al exmandatario por sus los sobornos que presuntamente habría recibido de la constructora brasileña Odebrecht. Pero García no estaba condenado. He ahí el dilema que despertó la polémica en la sociedad peruana y que llamó la atención del poder Ejecutivo.

Detención preventiva: ¿se está abusando de una medida que es excepcional?

Según las leyes peruanas, los sospechosos de delitos pueden permanecer en la cárcel antes del juicio hasta por tres años si los fiscales muestran evidencia de que probablemente serían condenados y probablemente tratarían de huir u obstruir la investigación a menos que fueran detenidos.

El presidente de Perú, Martín Vizcarra, cree que “se está aplicando una medida excepcional en casi todos los casos” e hizo un llamado a las autoridades judiciales para que “reflexionen” al respecto, aunque advirtió antes que respeta la independencia de poderes.

“El Ministerio Público solicita la prisión preventiva y el Poder Judicial es quien otorga la prisión preventiva. Les decimos: esta es una medida extraordinaria, hacemos la reflexión (…) con el expresidente Ollanta Humala, con la señora Keiko Fujimori, lo decimos también en el caso del expresidente Kuczynski”, afirmó en una entrevista con un canal de televisión local.

El pasado viernes 19 de abril, pocas horas después de que los restos de Alan García fueran cremados, el turno de la ahora polémica detención preventiva fue para el también expresidente, Pedro Pablo Kuczynski.

A sus 80 años, el exjefe de Estado fue sentenciado a pagar prisión preventiva de tres años mientras que los fiscales preparan cargos de corrupción en su contra, también por haber aceptado supuestos sobornos de Odebrecht. Su hija calificó la medida como una "sentencia de muerte".

La defensa de Kuczynski, por su parte, presentó este lunes la apelación contra la prisión preventiva e insistió en que se le otorgue arresto domiciliario, con el argumento de que "es una persona de más de 80 años de edad y tampoco se evidencia un peligro de fuga", que justifique su detención.

Kuczynski está internado en una clínica privada de Lima, a raíz de problemas cardíacos, desde hace una semana y es custodiado por la Policía Nacional.

Otro ex presidente, Ollanta Humala, pasó nueve meses en prisión preventiva en relación con Odebrecht antes de ser puesto en libertad.

Y el ex presidente Alejandro Toledo está luchando contra la extradición de los Estados Unidos luego de que un juez ordenara su encarcelación antes de juicio por las acusaciones de que recibió un soborno de 20 millones de dólares, también de Odebrecht.

El capítulo de Alan García no se ha cerrado

Este lunes, un tribunal peruano postergó por un día su decisión sobre la apelación presentada por un grupo de exfuncionarios del segundo Gobierno de Alan García que han sido detenidos durante diez días mientras son investigados por lazos con Odebrecht.

Entre los implicados están el exsecretario de la Presidencia del segundo gobierno de García, Luis Nava, el exvicepresidente de la petrolera estatal Petroperú, Miguel Atala, y los exfuncionarios Jorge Menacho, Raúl Torres y Oswaldo Plasencia.

Además, los empresarios José Nava, hijo del exsecretario presidencial, y Samir Atala, hijo del exdirector de Petroperú.

Durante el inicio de la audiencia, celebrada este lunes, el fiscal Hernán Mendoza sostuvo que los implicados integraban una presunta organización criminal liderada en el nivel político por Alan García y el exministro Enrique Cornejo, quien también está detenido.