La Universidad Nacional del Litoral (UNL) lidera un proceso de análisis interno sobre las personas de la comunidad universitaria que fueron perseguidas, cesanteadas y desaparecidas durante la última dictadura militar. A partir de la creación de una Comisión por la Reparación Histórica y Documental en 2017, formalmente existe un espacio para la investigación y reflexión sobre la situación de los integrantes de la comunidad universitaria durante este periodo. A pedido de dicha Comisión y con el objetivo de reparar los legajos de las víctimas, el Programa Historia y Memoria de la Secretaría de Extensión Social y Cultural de la UNL, comenzó un arduo trabajo de reconstrucción documental relevando legajos, datos personales, documentos y normativas internas de la Universidad en el periodo 1974 – 1986.

Tomando como base información de prensa, resoluciones y ordenanzas del período mencionado, desde el programa de Historia y Memoria se elaboraron nóminas que contienen información sobre cesantías, expulsiones y reincorporaciones de docentes, empleados no docentes, estudiantes y empleados de la radio LT10. En el desarrollo del relevamiento, especialistas pudieron determinar que además existieron otras formas de exclusión que no aparecen en los archivos documentales, como cesantías encubiertas por la no renovación de contratos.

Reparación documental

Fabiana Alonso, Directora de Historia y Memoria, destacó en diálogo con "Línea Abierta" (FM 101.3) que es importante “poder contar con información fehaciente para realizar la reparación documental de los legajos de todos aquellos miembros de la comunidad universitaria que fueron excluidos compulsivamente. A esto hay que agregar que se dieron otras formas de exclusión que no quedaron registradas en los archivos, porque se trató de docentes que fueron excluidos de la Universidad por no haberse renovado los contratos. Nosotros recabamos algunos testimonios al respecto e hicimos una búsqueda documental para avanzar en ese sentido. Lo que resta es realizar la reparación documental de los legajos”, consignó.

Es importante destacar que en el marco de esta revisión se completó la nómina de todos los miembros de la comunidad universitaria desaparecidos durante la última dictadura militar. Se trata de un total de 128 personas, dato que fue corroborado por la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Santa Fe. La confección de las nóminas se realiza sobre la base de información recabada en las diferentes Unidades Académicas de la Universidad y en los libros “Historias de vida, homenaje a militantes santafesinos” de la Secretaría de Estado de Derechos Humanos de la Provincia de Santa Fe (2007 y 2010).

Además la investigadora aseguró que "sobre las resoluciones que están en el archivo uno puede construir una cantidad de docentes, no docentes y estudiantes cesanteados. Pero se sabe que hubo cesantías encubiertas, obligadas a renunciar o con contratos que en el año 77 y 78 no se les renovó. Ellas no aparecen en las resoluciones, no figuran en el archivo pero a través de testimonios y búsqueda documental sabemos que hay más gente de la que aparece mencionada en las resoluciones y que hay que contemplar a la hora de hacer las reparaciones en los legajos".

“Es un acto que tiene un efecto simbólico. El hecho de que la institución pueda reparar las injusticias cometidas con sus propios miembros durante la dictadura militar y rinda homenaje a aquellos miembros de su comunidad que fueron víctimas del terrorismo de Estado, se vuelve realmente relevante a 100 años de la creación de nuestra Universidad ” destacó Alonso. 

El paso a seguir segun el la directora del Programa Historia y Memoria es adjuntar a los legajos un texto que tienen que definirlo los órganos de gobierno de la Universidad a través de un procedimiento legal, adjuntando una resolución del Consejo Superior de la UNL que establezca que ese individuo fue injustamente cesanteado.

Cabe destacar que el Programa elaboró, además, una síntesis de la normativa producida por la UNL con la sucesión cronológica de rectores e interventores y con la legislación nacional referenciada en la normativa institucional.