Por primera vez se conoce, provincia por provincia, la cantidad de abusadores sexualesque tienen condena firme en la Argentina: son 23.461 en total.

Cada uno de ellos, libres o presos, con nombre y apellido, ya fue incluido en el Registro Nacional de Datos Genéticos (RNDG) vinculados a delitos contra la integridad sexual que depende del Ministerio de Justicia, el programa que busca recolectar sus muestras de ADN bajo orden judicial para producir cotejos que conduzcan a resolver casos sin condena.

La provincia de Buenos Aires, con 6.699 violadores y abusadores, encabeza el aberrante ranking provincial, un hecho lógico por su densidad de población y por contar con la mayor población de detenidos en todo el país. Sigue Santa Fe, con 1.312 depredadores sexuales.

El podio lo completa Salta: allí hay 1.270 abusadores o violadores con sentencia firme.Por la cantidad de población que tiene esa provincia -1.333.000 habitantes- debería ser considerada como el territorio donde se concentra la mayor cantidad de abusadores.Por otra parte, Salta es la provincia con más femicidios y travesticidios, 23 hechos en 2017, según datos publicados por el Ministerio de Seguridad de la Nación.

En diálogo con "Línea Abierta" (FM 101.3) la psicóloga, Natalia Sobrado manifestó que los números "son verdaderamente son escalofriantes, y tenemos que pensar que es uno de los delitos menos sancionados y que si bien se denuncian mucho más que antes, es uno de los delitos menos denunciados, por lo cual, tenemos como una gran cifra negra de cantidad de personas abusadas que no han denunciado”.

Y comentó: “Es un circuito muy complejo, a partir de una denuncia que, en muchos casos, son desestimados (...) es un delito que se comete principalmente sobre mujeres y niños, niños de ambos géneros y hay mucha desestimación por parte del sistema judicial, porque tenemos un sistema judicial en donde hay pruebas (del delito) que no toma”.

En el mismo sentido, sostuvo que "ni hablar cuando hablamos de abusos sexuales sin penetración, o sin algún tipo de daño visible, es mucho más complejo que eso se tome, entonces, si bien tenemos un número inmenso y nos ubicamos como la segunda provincia más complicada respecto de esto, tenemos que pensar que hay un gran número que no estamos pudiendo manejar, que no está blanqueado”.

“También es un delito que, sancionado a veces con penas menores, tenemos muchos casos de violadores que han pasado por el sistema penal que, en sí mismo, funciona muy mal, en el sentido que no modifica demasiado a los sujetos que atraviesan por ahí por lo cual, cuando salen, lo que pasa es que cometen el mismo delito y, en ese sentido, es muy complejo”, reveló Sobraro.

Con una cantidad de habitantes similar, la psicóloga responde por qué en Santa Fe hay 1.312 casos y en Córdoba sólo 440: “Hay que ver qué está pasando en el sistema judicial de Córdoba, se me ocurre que hay provincias donde la cifra negra sea mucho más alta, donde no estén contando con los dispositivos suficientes para que las mujeres se animen a denunciar, porque la cifra sube en la medida en que las podamos registrar y para eso necesitamos una decisión política, las políticas de género, en términos generales, son muy desfinanciadas, sobre todo en este momento por el Gobierno Nacional, pero también muchas veces desfinanciadas por cuestiones ideológicas, son políticas que se dejan en los márgenes con poca financiación por lo cual, lo que no hay en realidad es un registro, no violadores”.  

Sobre la pregunta sobre qué diferencias hay entre acoso a cuando ya pasa a una violación, la profesional expresó: "Creo que es una delgada línea, creo que todas son distintos tipos de violencia y que no tienen los mismos efectos, no es lo mismo el efecto que puede tener el acoso y depende también sobre quién es ese acoso porque si hablamos de niños o de mujeres sin recursos para defenderse, el acoso en sí mismo puede ser muy significativo, puede ser muy nocivo, más allá de eso no es lo mismo y está codificado distinto en términos de sanción pero creo que son todos tipos de violencia que tienen que ver con una construcción social, que es patriarcal, machista, donde seguimos sufriendo estos efectos, de varones que han sido constituidos y construidos en una subjetividad donde se pretenden con cierto poder sobre las mujeres, sobre sus cuerpos, sobre el psiquismo del otro, hay una opresión muy fuerte que tiene que ver con la construcción cultural, por eso creo que no alcanza solo con pensar cómo vamos a sancionar estos delitos, también es necesario pensar cómo vamos a construir otro tipo de subjetividad, si no esto va a ser el cuento de la buena pipa y no va a tener otra final”.

Y añadió: “Hoy se ha dejado de naturalizar muchísimo la situación de la violencia de género sobre ciertos colectivos y ciertos cuerpos, la sanción es necesaria, pero sobre todo es necesario que empecemos a pensar en otros dispositivos desde las bases”.

Ante la consulta sobre si el violador es un enfermo, Sobrado respondió: “Creo que no, como el que tiene una psicopatología mental, en sentido estructural, su estructura psíquica no es necesariamente lo que podríamos compatibilizar rápidamente con una psicopatología, a veces sí, las menos, en realidad se trata de contenidos ideológicos que son contenidos de cultura”.

Al respecto, agregó: “La gran mayoría de los casos son intrafamiliares, lo cual es muy complejo, porque pensamos en padres, hermanos, tíos y es bastante complicado poder denunciar y es bastante complejo lo que se produce a nivel lesión sobre la víctima”.

LOS NÚMEROS

Chaco, con 897 casos, Entre Ríos con 876 y Misiones, con 781 casos de violadores y abusadores –siempre con condena firme- son las otras tres provincias que sobresalen en la tabla de los delitos de agresión sexual que en determinados casos (el porcentaje no figura en la Dirección del Registro Nacional de Datos Genéticos) termina en la muerte de las mujeres, niñas y niños que fueron violentados sexualmente.

Sin ir más lejos, en mayo del año pasado, Entre Ríos ganó los principales títulos informativos cuando la Justicia condenó a 25 años de prisión Justo José Ilarraz, un sacerdote de 57 años, por haber abusado y corrompido a siete niños en el Seminario Arquidiocesano de Paraná. El cura católico era prefecto de disciplina y guía espiritual en el seminario donde perpetró los abusos de los chicos que estaban bajo su tutela. Las víctimas tenían entre 13 y 14.

Otro cura, Julio Cesar Grassi, se transformó en el primer sacerdote que debió entregar –fue de manera compulsiva, no voluntaria, obligado por una orden judicial tras negarse una primera vez- una muestra de ADN para el Registro Nacional de Datos Genéticos que preside el médico genetista Jorge Dotto.

A esta importantísima herramienta que ayudará a esclarecer causas de violaciones en un futuro cercano, ya se incorporaron 286 muestras de violadores y abusadores –la mayoría de ellos detenidos- de las localidades de Campana (15), Ezeiza (11), Marcos Paz (19), CABA (21), Junín (35), Magdalena (5), San Martín (28), Viedma (5), Esquel (7), Santa Rosa (2), Senillosa (27), General Roca (5), entre otras.

La tarea que se propuso el RNDG es, al menos en apariencia titánica. Tomar muestras –que ya fueron autorizadas por los magistrados- de 17.600 condenados. De ese total, casi cinco mil permanecen en prisión, como por ejemplo Jorge Luis Mangeri, el portero condenado por el femicidio y la tentativa de abuso de la adolescente Ángeles Rawson, que también se negó a entregar su ADN mediante un hisopado bucal en el penal de Ezeiza. El genetista Dotto insistió ante el tribunal que lo condenó para que se incorpore al Registro su muestra que estaba archivada en el Cuerpo Médico Forense.

El registro de Datos Genéticos depende del ministerio de Justicia de la Nación, a cargo de Germán Garavano. Consultado por Infobae, Garavano reflexionó: "Desde el Ministerio trabajamos para que las víctimas tengan una respuesta, es por ello que avanzamos en la creación del Centro de Asistencia a las Víctimas de Delitos (CENAVID) y en la implementación del Registro, que ayuda en las investigaciones judiciales y en el esclarecimiento de los hechos criminales graves".

Como parte de estos operativos para poner en marcha el Registro la semana pasada se realizó una nueva toma de muestras de ADN de personas que tienen condena firmepor casos de este tipo. La toma, realizada con un hisopado de las encías – un método no invasivo- se llevó a cabo en el penal de Campana, lugar donde Grassi purga condena. La tarea se realizó con la colaboración del Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires y del personal del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). Lo mismo se realizó en Junín. Allí se tomaron 79 muestras: 35 de personas en libertad y 44 de las unidades penitenciarias 16 y 49.

En los últimos 10 años los delitos de índole sexual aumentaron un 100%, no porque los abusadores o violadores se hallan multiplicado, sino porque las mujeres y jóvenes –las principales víctimas- se animaron a denunciar, en parte por la amplia difusión que tiene el tema, y sobre todo por la variedad de herramientas que se pusieron a disposición de las y los violentados por parte del estado nacionales y los provinciales y municipales, un hecho que parecía utópico hace 20 o 30 años atrás.

La ley que ponía en funcionamiento el también denominado "registro de violadores" fue sancionada en julio de 2013, pero nunca se había reglamentado. Por eso, a través del decreto 522 del Poder Ejecutivo, publicado en el Boletín Oficial el 17 de julio de 2017, se creó el registro a cargo del genetista Dotto. Del universo de 23.461 personas con sentencia firma, el RNDG ya solicitó autorización a la justicia para la obtención del perfil genético de 16.605 personas.

El Registro cuenta con una base unificada de condenados que permite el entrecruzamiento con las evidencias obtenidas en el lugar del hecho e identificar las coincidencias. La Base se nutre de la información provista por el Registro Nacional de Reincidencia (RNR), el Registro Nacional de las Personas (RENAPER), el Servicio Penitenciario Federal (SPF), los Servicios Penitenciarios Provinciales (SPP).

Los perfiles genéticos son almacenados, sistematizados y la comparación se realiza a través del sistema CODIS (por sus siglas en inglés: Combined DNA Index System o "Sistema de Índice Combinado de ADN"), que fue desarrollado por el FBI y permite encontrar las coincidencias entre los perfiles de los condenados.

La mayor cantidad de los 6.699 condenados con sentencia firme de la provincia de Buenos Aires, y que están alojados en penales bonaerenses o en libertad se los ubica en Lomas de Zamora (994), Mercedes (916), San Martín (700), Quílmes (535), La Plata (535) y Morón (461), entre otros municipios. Tanto el ministro Garavano, como el genetista Dotto, coincidieron en resaltar la importante colaboración de los jueces de ejecución penal que tienen bajo su tutela violadores y abusadores para autorizar la toma de muestras de ADN, que se transformará en el perfil genético, que, en este tipo de delitos, será tan confiable como una huella digital al momento de identificar alguna muestra de piel, cabello, o algún tipo de flujo.