Días después de un estallido que generó una enorme bola de fuego cerca del pueblo mexicano de Tlahuelilpan, provocando la muerte de al menos 117 personas que extraían gasolina de un ducto, ladrones de combustible de la zona regresaron a trabajar como si nada hubiera pasado.

Las tomas ilegales fueron la prueba de que el combustible estaba escapándose de nuevo. Soldados que patrullaban el área en el centro de México tras la tragedia del 18 de enero dijeron que hallaron 15 tomas ilegales a pocos kilómetros y en el mismo ducto, operado por la petrolera estatal Pemex.

En un sitio, había un agujero recién excavado que conducía a una válvula unida a la tubería enterrada solo un metro por debajo de la superficie. En las cercanías se encontraron mangueras, envolturas de comida y un paquete vacío de cigarrillos.

Situaciones como esta muestran el enorme desafío que enfrenta el presidente Andrés Manuel López Obrador para poner fin al robo de combustible, que privó al Estado de 3000 millones de dólares en 2018.

Expertos en seguridad dicen que desde pequeños ladrones, bandas del crimen organizado hasta empleados corruptos de Pemex están involucrados en el negocio.

Los ladrones con operaciones más organizadas suelen perforar los ductos para desviar gasolina y diésel durante la noche en zonas rurales, y luego la revenden a propietarios de estaciones de servicio o en la rutas.

Marcelino Valdez, un sacerdote de Tlahuelilpan, dijo en los funerales de las víctimas que muchos apoyan a López Obrador, pero dudaba de que la nueva estrategia produjera resultados rápidos en un lugar donde los trabajadores agrícolas ganan unos 7,88 dólares al día y casi dos tercios de la población viven en la pobreza.

"Al pueblo no le gusta robar, no es una diversión", dijo Valdez. "Pero veo mucha gente que mira hacia arriba y ve tanta corrupción, tanta injusticia y, de repente, se mira con las manos vacías", añadió.

El estado de Hidalgo, donde se ubica Tlahuelilpan, es el líder nacional en perforaciones para el robo de combustible. Los ladrones, conocidos como huachicoleros, realizaron un récord de seis tomas ilegales por día, según datos de Pemex.

La ubicación de Hidalgo es clave. Situado al norte de la capital mexicana, es sede de la segunda refinería de Pemex por tamaño y aloja uno de sus ductos más importantes.

Desde que López Obrador lanzó su campaña se ha arrestado a 558 personas acusadas de robar combustible, se han congelado cuentas bancarias y se han desplegado soldados para vigilar instalaciones claves de Pemex. Si bien el crimen organizado es responsable de una gran parte del problema, el presidente también culpa a trabajadores corruptos de Pemex del comercio ilícito.

Juan Pedro Cruz, alcalde de Tlahuelilpan, también sospecha de empleados de Pemex. Dijo que visitó el sitio de una toma ilegal después de ser elegido, en 2016, y vio cómo los trabajadores de la petrolera cubrían cuidadosamente la perforación en un ducto sin deshabilitarla.

"¿Qué mensaje me deja a mí? Que ni siquiera le ensuciara la toma porque la iban a ocupar", añadió.

Sin embargo, el mismo Cruz está bajo sospecha. Tras la explosión en enero, reportes periodísticos lo vincularon con un almacén que alguna vez fue usado para almacenar combustible robado. Cruz negó haber hecho algo malo y dijo que Pemex le pidió que le ayudara a encontrar un lugar seguro para almacenarlo.

Además de arrestar a los ladrones de combustible, López Obrador ha lanzado un programa de becas mensuales de 189 dólares para jóvenes desempleados, que presenta como una forma de abordar las causas fundamentales del crimen.

Pero algunos habitantes de Tlahuelilpan dudan de que esto disuada a muchos jóvenes de aprovechar lo que consideran su única oportunidad de salir adelante.

Mariano Hernández, un maestro de matemáticas, dijo que algunos ladrones de combustible pueden cobrar hasta 525 dólares diarios. "Ellos dicen: ?Prefiero ganar bien un año, dos años, que vivir muchos años en la pobreza", dijo Hernández.

Pero el mayor reto del presidente puede ser persuadir a personas como Magali Ortiz de que el robo es digno de una campaña frontal. Su esposo murió en la explosión y dos parientes están desaparecidos. "Aquí ya el huachicol es un trabajo, ya no es delincuencia", dijo Ortiz, de 37 años y madre de cuatro hijos. "Hay mucha gente tan ignorante que dice: ?Ellos estuvieron allí por rateros. No señor, mi esposo ni carro tenía", subrayó.