El bono de 5 mil pesos que esta semana negoció la CGT con el Gobierno y luego se amplió a una mesa de empresarios fue la herramienta que desactivó un paro que nunca pasó de una expresión voluntariosa de Carlos Acuña, uno de los secretarios generales, luego del acto realizado por el Día de la Lealtad en Tucumán.

El dirigente de los empleados de estaciones de servicio fue desautorizado por el plenario de la central obrera. Tras la reunión, el maquinista Omar Maturano fue el primero de los miembros de conducción en dar por caída la posibilidad de una medida de fuerza. Con todo, la CGT quiere renegociar algunos puntos del borrador del decreto que llegó a la mesa de debate en la sede de Azopardo.

Ya el colectivero Roberto Fernández, uno de los dirigentes que tiene la llave para garantizar la efectividad de un paro, había advertido de la poca predisposición para ir al paro.

En la CGT aceptan que el bono alcance sólo al sector privado, excepto el personal doméstico y los trabajadores rurales, con regímenes especiales. Mientras que por los estatales, Andrés Rodríguez, titular de UPCN, renegocia por estas horas una reapertura paritaria.Aún está en discusión si los trabajadores de las empresas estatales recibirán el bono.

“Este decreto por el cual esperamos la firma del Presidente tiene que ser de 5.000 pesos en la mano del trabajador que permitirá hacer girar la rueda del consumo”, dijo ante la prensa Héctor Daer, el coequiper de Acuña en la conducción.

Ayer a la tarde se analizó en Azopardo un borrador del decreto que firmaría Mauricio Macri en las próximas horas. Durante el encuentro, Daer negoció directamente con el Ministerio de Producción y Trabajo la posibilidad de modificar los puntos que objetaba la central obrera.

Así, el dirigente de sanidad buscó que para todo el sector privado el bono sea no remunerativo y se pague en dos cuotas iguales, la primera, con los salarios de noviembre; y la segunda con los de enero.

“No hay ninguna forma de que sea a cuenta de futuras paritarias ni ninguna otra cuestión que circuló”, advirtió, tras ratificar que no habrá paro. “Es para todos los sectores, para aquellos que actualizaron y para aquellos que no pudieron reabrir”, aseguró Daer. Dato: para la CGT, el 75% de los gremios bajo convenio aún no actualizó paritarias.

¿Puede haber alguna excepción para no pagarlo?, se le insistió a Daer. Respondió: “La obligación es pagarlo; hoy existen 5000 pesos arriba de la mesa y cualquier variable debe salir de una negociación paritaria y que puede el sector sindical tomar ese valor de base de discusión”. Y se mostró confiado de que el Gobierno lo aceptará: “Solo resta la firma del decreto, que es una facultad del Ejecutivo porque ya está discutido”.

El decreto contemplará que las empresas deberá informar previamente al Gobierno sobre el intento de despedir trabajadores. Para la CGT, se trata de una “salvaguarda” que regirá hasta el 31 de marzo.

“Ya sabemos que los empresarios no lo avalan y tenemos un Gobierno que ya vetó una ley antidespidos”, se anticipó Daer, abriendo el paraguas.

Por lo que reconstruyó este diario, hubo un solo cruce en la reunión. Julio Piumato, de judiciales, cuestionó duramente el bono se ganó la mirada del resto. Fue Maturano quien puso en palabras lo que pensaban sus colegas. Le sugirió al judicial que con su paritaria cerrada al 40% y que nadie de su sector paga Ganancias “no tiene sentido quejarse”.

Pero la negociación por el bono provocó otras grietas. El docente Sergio Romero, secretario de Políticas Educativas, optó por faltar al encuentro del Consejo Directivo. Cuestiona al bono y considera un desaire que no se haya peleado por un bono para su sector.