El juez Gustavo M. Hornos, de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, no dio lugar hoy un planteo que había presentado Carlos Beraldi, abogado de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, con el cual se buscaba aislar a Mariano Llorens y a Martín Irurzun, miembros de la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, de la causa "La Rosadita". 

Según la defensa de la actual senadora nacional por Unidad Ciudadana, ambos magistrados "excedieron sus funciones" al citarla a prestar declaración indagatoria en el marco de la causa en cuestión.  Cabe destacar que entre los implicados también están, además del empresario K Lázaro Báez, sus hijos Luciana, Melina, Martín y Leandro. 
 
Además se encuentran implicados el "arrepentido" Leonardo Fariña; el financista Federico Elaskar; y Fabián Rossi, por las maniobras realizadas a través de la financiera SGI, conocida como "La Rosadita". Para Beraldi era fundamental que ambos jueces fueran apartados debido al temor de que no actuaron de forma imparcial.

En la recusación, el letrado había subrayado que Llorens e Irurzun "se habían formado una opinión" en redor a la implicación de la ex mandataria nacional en dicha causa. Sin embargo, el juez Hornos se expresó contrario al planteo al señalar que Carlos Beraldi no presentó razones serias para apartar a los jueces que citaron a CFK a declarar el 31 de agosto último. Hornos subrayó "la integridad de espíritu" de los jueces. 
 
De este modo consideró que ambos magistrados se encuentran "por encima de cualquier sospecha de parcialidad" al momento de cumplir con sus funciones. Así, desestimó las sospechas alegadas por la defensa de la legisladora ya que no están "probadas". Cabe recordar que la citación a indagatoria se basó en que "Lázaro Báez fue el encargado de brindar el entramado societario para captar los fondos públicos -causa 'Vialidad Nacional'-, y de vehiculizarlos parcialmente a las manos privadas de quienes entonces eran funcionarios públicos -causas 'Los Sauces' y 'Hotesur'-".

"Lázaro Báez también (fue el encargado de) sacar fondos del país para posteriormente reintroducirlos de manera de ocultar su origen -en esta causa, conocida como 'la ruta del dinero K'- por lo que se encuentra configurada la sospecha que señalan los acusadores acerca de la participación de Cristina Fernández en estos últimos hechos en tanto es dable entender su vinculación con, al menos, parte de esos fondos".

La causa en la que es investigado Báez por el presunto delito de lavado de activos a través de la financiera SGI se halla en etapa de juicio oral y público ante el TOF4. La defensa del empresario propuso que se consideraran válidas determinadas medidas de prueba que habían sido desestimadas por la Justicia. Ayer, la Cámara Federal de Casación Penal rechazó el planteo del abogado Víctor Hortel, defensor del hombre de negocios vinculado al kirchnerismo.