En medio de la polémica sobre las escuchas al ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro que fueran solicitadas por la fiscal, María Laura Martí, en el marco de la causa "horas Ospe", el fiscal regional de Santa Fe, Carlos Arietti, dispuso un nuevo protocolo para requerir y tramitar registros de audio ante el Colegio de Jueces Penales de Primera Instancia de Santa Fe.

La flamante resolución fue emitida el pasado 1 de noviembre y dispone una serie de instrucciones para los fiscales que se encuentran investigando un caso y que necesitan interceptar teléfonos utilizados por personas –identificadas o no– que se encontrarían vinculadas a diversos delitos.

El protocolo se basa en que todas las solicitudes de intervenciones telefónicas e interceptaciones de correspondencia y/o cualquier comunicación privada –incluidas las redes sociales– deberán estar debidamente fundadas por el fiscal que lo requiere ante el juez en turno de la Investigación Penal Preparatoria (IPP).

En dicho pedido, el fiscal deberá incluir los detalles de la causa y los datos de la persona investigada, en caso de que lo esté. A su vez, deberá establecer el límite temporal sobre el cual se pedirá la interceptación del teléfono.

Esas medidas resueltas y ordenadas por el jefe de los fiscales no varían en su mayoría a las cuales ya se venían empleando. Sin embargo, se determinó que los fiscales aporten otros datos "pertinentes" al juez en turno que otorga el permiso para intervenir un teléfono.

En ese aspecto, el inciso I de la resolución del nuevo protocolo refiere que los fiscales tendrán que aportar "cualquier otra información pertinente a los fines de que el tribunal decida sobre la medida", situación que hasta el momento no se encontraba pautada y sobre la cual se puso la lupa en los últimos días en torno a si la fiscal Martí informó que uno de los teléfonos involucrados en la causa "horas Ospe" pertenecía al ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro.

En tanto, otro de los puntos que estableció Arietti (el inciso "K") es que quien retirará los registros de audio de la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) de tribunales será el propio secretario regional, Federico Fumis, o en su defecto, algún personal de la misma área del Ministerio Público de la Acusación. Antes dichas escuchas eran retiradas por miembros de la Policía de Investigaciones (PDI) –o Asuntos Internos– para luego transcribirlas y llevarlas al fiscal a cargo de la pesquisa.

"El retiro de las escuchas, piezas o comunicaciones –en el soporte en que se encuentre– se realizará diariamente desde la Oficina de Gestión Judicial por el secretario regional o el personal que designe", sostiene la medida emanada por el mandamás de los fiscales de Santa Fe.

Una vez retiradas las escuchas serán remitidas a la unidad fiscal del Ministerio Público de la Acusación que haya solicitado esa intervención.

En el centro de las escuchas

La medida dictada por el fiscal regional también apunta al material que llegue a la sede central Dirección de Asistencia Judicial y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación, organismo encargado de interceptar las llamadas (la ex-Observaciones Judiciales) telefónicas por medio de la orden de un juez del Colegio de Jueces Penales de Santa Fe de primera instancia.

En consecuencia, el documento establecido por Arietti sostiene que "cuando por razones de urgencia algún funcionario policial deba retirar material de la sede central –DaJuDeCo– procederá del mismo modo: colocará el material en un sobre cerrado indicando en el exterior el número de CUIJ, el fiscal asignado, fecha, cantidad de material retirado y lo entregará a la Secretaría Regional".

En síntesis, el nuevo protocolo adoptado por el fiscal regional apunta a tener mayor control y conocimiento en relación a las investigaciones que conllevan sus propios fiscales.

En un momento caliente

El nuevo protocolo dictado por Arietti salió a luz en medio de la circulación de escuchas interceptadas del teléfono oficial del ministro Pullaro. Las mismas habían sido solicitadas por la fiscal que investigaba –junto con Roberto Apullán– irregularidades en las horas extras del servicio policial de la provincia.

Esa investigación determinó el 9 de octubre pasado que el jefe de la Unidad Regional V de Rafaela, Adrián Rodriguez, sea detenido en aquella sede policial ubicada en el departamento Castellanos. Posteriormente, se lo intentó imputar en tres oportunidades pero tras una "reestructuración", tanto Martí como Apullán fueron apartados de la investigación y el caso fue remitido a la Fiscalía de Delitos Complejos dirigida por Ezequiel Hernández (exsecretario de Arietti en la Fiscalía Regional de Rafaela).

Esta semana circularon parte de las escuchas que habían sido solicitadas por Martí y que desnudaron diálogos que tuvo el ministro Pullaro, tras la detención de Rodríguez, con altos funcionarios del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe y con el mismo gobernador, Miguel Lifschitz.