Los problemas se iniciaron cuando el fiscal de Investigación y Juicio de Rosario, Fernando Rodrigo, comenzó a ser investigado por ordenar escuchas telefónicas sobre las conversaciones que mantenía una de sus empleadas, con la que habría mantenido una relación sentimental.

Las máximas autoridades del Ministerio Público de la Acusación (MPA) lo suspendieron del cargo. Y entonces, Rodrigo decidió presentar su renuncia.

Tal fue la repercusión del caso en Rosario y el resto de la provincia, que en las últimas horas el fiscal general, Jorge Baclini, decidió convocar a la prensa para aclarar la postura del MPA.

Según manifestó Baclini “el trámite de renuncia de Rodrigo debe tener la aceptación (o no) del gobernador de la provincia”. 

Transparencia

“Estoy dando esta conferencia de prensa personalmente por la importancia que tiene este tema para nosotros”, remarcó Baclini. “Además, quiero destacar que los fiscales y funcionarios que integran el MPA no tenemos ningún tipo de privilegio. La transparencia y la rapidez con la que se actuó en este caso demuestra que ante una denuncia contra un integrante de nuestra institución, actuaremos como si el denunciado fuera cualquier ciudadano”, agregó.

Baclini también valoró que “ni bien tomamos conocimiento del hecho, la investigación penal fue asignada a la fiscal de Cañada de Gómez, Natalia Benvenuto. Además se dio intervención a la Auditora General de Gestión, María Cecilia Vranicich, para que investigue administrativamente al ahora exfiscal”. 

En cuanto a la investigación penal, el titular del MPA detalló que “a las pocas horas de asumir el caso, la fiscal Benvenuto ordenó allanamientos, se tomaron declaraciones testimoniales y se solicitaron informes a compañías telefónicas”. En relación a la investigación administrativa, informó que “Vranicich también actuó rápidamente y ayer a la mañana ya estaba firmada la suspensión provisoria del fiscal adjunto, quien luego a la tarde presentó su renuncia”.

Delitos

Baclini no brindó precisiones acerca de la investigación penal porque, según manifestó, “está en curso y prima el principio de reserva”. Ante las consultas periodísticas, sólo indicó que “la recopilación de evidencia está avanzada y en los próximos días se podría imputar al exfiscal adjunto. Las intervenciones telefónicas aparentemente ordenadas datan de mucho tiempo y hay 150 CD con grabaciones para analizar”.

“Estamos ante conductas que podrían ser encuadradas en los delitos de abuso de autoridad; incumplimiento de deberes de funcionario público e intervención ilegal de comunicaciones”, aclaró Baclini. Consultado por las posibles sanciones para el exfuncionario, el Fiscal General sostuvo que, “en primer lugar habrá que ver si se impone una pena, y en caso que eso ocurra, qué tipo de pena es”. Por último, el funcionario pidió distinguir entre “dos tipos de penas: una relacionada a la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos; y la otra relacionada a la privación de libertad en expectativa”.