En los últimos días, la Provincia ejecutó el cierre de canales clandestinos para evitar desbordes en los cursos hídricos. En diálogo con Todo Pasa, el ministro de Infraestructura y Transporte, José Garibay, se refirió al tema. 

“Los productores empezaron hace mucho tiempo a trabajar sobre sus tierras, generando canales que no eran autorizados y que iban generando un impacto aguas abajo que complicaba la situación. Especialmente, tomamos como prioridad el sector sur, la laguna La Picasa”, comentó.

En ese sentido, agregó que entre los canales más importantes que fueron anulados se encontraba uno en un terreno de la zona sur,  en jurisdicción de Rufino, que tenía ya una base de 7 u 8 metros de ancho, cuyo dueño fue sancionado. Pero también “existen otros menores, casi un desagüe que hacen en un campo y que va generando una evacuación demasiado rápida”. 

De esta forma, se pierde “la regulación, la posibilidad de que los campos retengan algo de agua, lo cual permite ampliar la superficie de evaporación. Todos largan rápidamente el agua a los cursos y esto en algunos casos llega a lagunas que son endorreicas (cerradas) como La Picasa”. 

Contar con la ley
Garibay sostuvo que cuando los canales se encuentran en caminos rurales “es más sencillo (anularlos porque) se trabaja simplemente tapándolos”, pero en otros casos “hay que entrar en terrenos privados e incorporar la participación de la Justicia”.

Por ello, postuló la necesidad de contar con la Ley de Agua, “un elemento que da más herramientas jurídicas” y “más derecho a la Provincia, para ejercer más rápidamente el poder de policía”.

De todas formas, el funcionario santafesino aseguró que “estamos en mejores condiciones” que en la emergencia de 2016”, pero indicó que “los suelos no están absorbiendo” porque “la napa freática sigue alta”, lo cual representa actualmente el principal problema para el sector.