A pocos días de la polémica y crucial elección de la Asamblea Constituyente en Venezuela, el gobierno de Donald Trump impuso ayer sanciones a otros 13 altos funcionarios venezolanos y busca así aumentar la presión para que el presidente Nicolás Maduro revierta un proceso que Estados Unidos considera que puede marcar “el fin de la democracia”.

Como era de esperar, Maduro rechazó anoche la medida y repudió la “ilegal, insolente e insólita pretensión de un país de sancionar a otro país”, durante “un acto de dignificación” que organizó enseguida para los sancionados en el Palacio de Miraflores de Caracas.

El de ayer fue un paso más, pero si el domingo finalmente se elige una Asamblea Constituyente, Washington tomará medidas económicas inmediatas y fuertes, como ya advirtió Trump la semana pasada. “El presidente va a mantener su palabra”, aseguraron altos funcionarios en una charla reservada con periodistas.

De los 13 individuos sancionados ayer, hay cuatro implicados en el proceso de la Constituyente, entre ellos Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral, y el ex vicepresidente y ex ministro de Exteriores Elías Jaua, que es el jefe de la comisión presidencial por la Constituyente. El Departamento del Tesoro incluyó también al actual ministro del Interior, Néstor Reverol, y al ex vicecanciller y ex ministro de Comercio Alejandro Fleming.

Las sanciones están en línea con la política iniciada por Barack Obama de colocar en el objetivo al entorno de Maduro. Implican la congelación de todos los activos que tengan en Estados Unidos y la prohibición a todo estadounidense de hacer transacciones con ellos.

Si el domingo se concreta finalmente la elección de los delegados para redactar una nueva Constitución, es probable que Estados Unidos profundice la presión con medidas económicas entre las que analiza la opción de suspender las importaciones de petróleo venezolano.

“Todas las opciones siguen sobre la mesa”, dijeron hoy los funcionarios que hablaron con la prensa bajo condición de anonimato. En cualquier caso, “habrá una respuesta fuerte”. También advirtieron que cualquier persona que pase a formar parte de la Asamblea Constituyente será objetivo de posibles sanciones norteamericanas.

La posibilidad de que Estados Unidos aplique sanciones vinculadas al comercio del petróleo es analizada en profundidad por los funcionarios del gobierno de Trump. Expertos consultados por Clarín coinciden en que la Casa Blanca podría avanzar en la restricción de las importaciones petroleras desde Caracas. El Estado venezolano controla el petróleo y EE.UU. es su mercado principal: envía un promedio de 800.000 barriles diarios. El crudo es básicamente el único producto que EE.UU. importa desde Venezuela, que es su tercer abastecedor externo.

Sin embargo, si Washington bloquea estas importaciones de crudo, Caracas perderá un alto porcentaje de su efectivo entrante y no podrá proveer servicios básicos a la ya vulnerable población, afirman los expertos, por lo que una medida de ese tipo podría afectar más al pueblo venezolano que a los funcionarios de Maduro. Además, una medida de ese tipo impactaría también a las plantas de Louisiana que refinan el petróleo que viene desde Venezuela.

Por eso prefieren esperar. Aplicar medidas drásticas contra Caracas, imaginan, también dispara el riesgo de dar a Maduro munición para seguir apuntando a EE.UU. como el origen de todos los males y las conspiraciones locales y dividir a la región latinoamericana, como ocurrió con el embargo a Cuba.

Los demás sancionados hoy son: Tarek William Halabi (Defensor del Pueblo), Iris Varela (ministra de Asuntos Penitenciarios), Carlos Pérez (jefe de la Policía Nacional), Sergio Rivero (jefe de la Guardia Nacional), Jesús Suárez (jefe del Ejército) y Franklin García (ex director de la Policía). Están también Rocco Albisinni Serrano, presidente del Centro de Comercio Exterior, Simón Alejandro Zerpa Delgado, vice de Finanzas de la petrolera estatal PDVSA y Carlos Erik Malpica, que ocupó ese cargo y también fue jefe del Tesoro.