Este martes por la tarde Asuntos Internos llevó a cabo un operativo donde se detuvo a cuatro personas, entre ellos un policía y un abogado.

En un primer momento se creyó que los hechos se dieron luego de que un hombre, que estuvo detenido por tentativa de robo, denunciara que un unfirmado le había solicitado 10 mil pesos para devolverle de manera "más rápida" la moto que había sido secuestrada al momento de quedar apresado. En la audiencia realizada este jueves en los Tribunales santafesinos se conoció que la situación era aún más grave.

Al parecer, y según la explicación de la fiscal Mariela Jiménez, "una persona que estaba privada de su libertad en dependencia policial, a la que se le exigió el pago de una suma de dinero para que obtuviera su libertad. (Esta persona) estaba gozando del beneficio de libertad condicional, y para que no se le complicara su situación se le exigía el pago de una suma de dinero determinada”.

"Primero le exige uno de los imputados, después ya los dos, intimidando también a la pareja de esta persona (el detenido) para la entrega del dinero que se concreta, dos días después a través de un procedimiento controlado, donde interviene la direccción de Asuntos Internos", reveló Jiménez.

Tanto el policía como el abogado quedaron detenidos pero en una situación mucho más complicada que la que se creyó en un principio, ya que el pago de la extorsión no era por la devolución de la moto del apresado, sino para otorgarle la libertad luego de haber delinquido, pese a estar en libertad condicional, y peor aún, hacer que su nueva falta no constara en su expediente, de forma tal que siguiera gozando del beneficio.

Vale mencionar que el letrado que se encuentra detenido por los hechos trabajaba para la diputada provincial Alejandra Vucasovich, quien prescindió de sus servicios tras conocer lo sucedido.