La Fiscal General de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, se convirtió en un actor clave de la crisis venezolana al objetar medidas capitales del gobierno de Nicolás Maduro, con lo que se sumó a la lista de chavistas que se enfrentan a la administración bolivariana. 

Esta abogada egresada de la Universidad de Carabobo nacida en Valle de la Pascua, estado Guárico, en el centro de Venezuela, tiene 59 años.

Quienes la conocen la vinculan con la fundación del Movimiento Revolucionario Bolivariano liderado por Hugo Chávez, convertido posteriormente en el Partido Socialista Unido de Venezuela. 

Aunque defiende el legado de Chavez, terminó enfrentada abiertamente con el gobierno este año, cuando cuestionó la supresión de las facultades legislativas de la Asamblea Nacional por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y, más recientemente, por su oposición a la asamblea constituyente. 

Sin embargo, esto tiene sus antecedentes. En 2016 opinó que acciones del operativo policial del gobierno denominado Operación para la liberación del pueblo violaban los derechos humanos. 

Basó su denuncia en información aportada al Ministerio Público de víctimas de abusos policiales.

De fuerte carácter y reservada en su vida personal, Ortega Díaz vivió en carne propia la violencia delictiva. En febrero de 2017 trascendió que su hijastra, María Ferrer, fue secuestrada, junto a un menor de edad, también integrante de su familia. Organismos de seguridad del Estado lograron la libertad de los secuestrados.

Según el portal venezolano Run Runes "llama la atención que el hecho ocurrió el mismo día en que la fiscal viajó a Brasil para solicitar información sobre sobornos que pagó la empresa brasilera Odebrecht a funcionarios". 

En marzo de 2017 se produjo un punto de inflexión en su relación con el gobierno cuando denunció que dos sentencias de la Sala Constitucional del TSJ, que suprimía las atribuciones de la Asamblea Nacional y limitaba la inmunidad de los Diputados "constituían una ruptura del orden constitucional".

La decisión fue revertida parcialmente y fuentes del TSJ afirman que la presión de Ortega así como de los Diputados agraviados surtió efecto. 
 

Ortega no tiene las mejores relaciones con dos integrantes del Consejo Moral Republicano: el Defensor del Pueblo y Contralor General de la República. 

De hecho, fue excluida de la elección de la directiva de esta instancia, aun cuando le correspondía presidirla, según el principio de rotación de cargos.

En este contexto, el 8 de junio presentó ante el TSJ un recurso de nulidad contra la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente. 

En la misma línea pidió al máximo tribunal la nulidad de los nombramientos de 33 magistrados principales y 20 suplentes, algunos de los cuales han participado en la anulación de sus peticiones. Alegó que el procedimiento para nombrarlos estuvo viciado.