El ex presidente de Rumanía Ion Iliescu y el ex primer ministro Petre Roman serán juzgados por crímenes contra la humanidad por la muerte de cuatro personas y los más de 1.300 heridos en la represión violenta de una manifestación antigubernamental en Bucarest en 1990.

Los dos acusados, junto a otros 12 miembros de los Ministerios de Defensa e Interior, así como del servicio secreto, habrían ordenado el traslado de unos 20.000 mineros a la capital con el objetivo de sofocar las protestas.

Según la Fiscalía, en el "ataque" fallecieron cuatro personas y otras 1.388 resultaron heridas, informó la agencia de noticias EFE.

En marzo de 2015 se anunció la reapertura del caso después de que la Corte Europea de Derechos Humanos condenara en septiembre de 2014 a Rumanía por considerar que aquellos sucesos no se investigaron de forma adecuada.

Iliescu, de 87 años, siempre rechazó las acusaciones y fue absuelto en 2008 por la Justicia rumana, que consideró que no había pruebas de que hubiera estado involucrado en la represión de la manifestación.