El Gobierno sueco anunció este jueves nuevas medidas contra la inmigración ilegal en respuesta al atentado en Estocolmo del 7 de abril, cuyo autor confeso es un uzbeko que debía ser expulsado del país tras ser rechazada su solicitud de asilo.

Las autoridades suecas podrán realizar controles sorpresa en empresas sin necesidad de que exista una sospecha cierta de delito, y las multas por tener a ilegales trabajando se duplicarán hasta los 4.700 euros por persona, dos veces más en caso de que lleve más de tres meses en la compañía.

La reforma legal pretende también permitir que se tomen huellas digitales en controles a extranjeros dentro del país y que se puedan retener pasaportes y otros documentos de identificación, para facilitar la expulsión del país de residentes ilegales.

Varias fuerzas de la oposición dieron su apoyo al paquete de medidas anunciado este jueves por el gobierno rojiverde en minoría, que podría sacar así adelante la reforma legal en el Parlamento.

Rakhmat Akilov, que fue detenido horas después del atentado y confesó ser el autor del ataque, debía haber abandonado Suecia en diciembre, pero no obedeció al requerimiento voluntario, por lo que la policía emitió una orden de búsqueda a finales de febrero.

Suecia es reacia a hacer cumplir las órdenes de expulsión de ciudadanos de Uzbekistán, porque considera que en ese país domina un régimen dictatorial.

Más de 12.000 solicitantes de asilo continúan aún en el país escandinavo pese a tener una orden de expulsión, según cálculos de las autoridades, que estiman que hasta 33.000 personas más se encontrarán en la misma situación en 2019, después de la oleada de refugiados llegados en los dos últimos años.