La primera ministra británica, Theresa May, invocará este miércoles el artículo 50 del Tratado de Lisboa para activar el Brexit y dar la señal de inicio a dos años de complejas y tensas negociaciones con sus socios de la Unión Europea (UE), que podrían terminar con un acuerdo que redefina las relaciones entre Reino Unido y el bloque o sin consenso alguno, lo que generará múltiples traumas financieros, legales y migratorios, especialmente a Londres.

Entretanto, también mañana los presidentes de los grupos políticos de la Eurocámara debatirán la posición del Parlamento Europeo en las negociaciones sobre la salida, anunció hoy su titular, Antonio Tajani.


El legislador conservador David Davis; el ex secretario de Defensa, Liam Fox; y el actual canciller, Boris Johnson, serán los tres elegidos por May para encabezar el equipo negociador británico -los tres "brexiteers", como ya los bautizó la prensa local- y en una primera etapa tendrán enfrente al designado de la UE, Michel Barnier. Las negociaciones podrían comenzar en mayo próximo. 

En total, el artículo 50 estipula que todo el proceso de salida de un miembro de la UE tarde dos años; es decir, el Brexit debe concretarse para finales de marzo de 2019. Si las negociaciones avanzan positivamente y hay expectativas de un acuerdo, los 27 países miembro podrían acordar una prórroga. 

Sin embargo, si el diálogo llega truncado y estancado, el Reino Unido podría dejar el bloque sin acuerdo y convertirse, legalmente, en un vecino sin beneficios o trato especial. 
 

En el mejor de los escenarios, los tres brexiteers y Barnier deben entregar un borrador del acuerdo al Consejo de Europeo -la cumbre de jefes de Estado y gobierno de la UE- para su análisis. Al menos 20 de los 27 países miembros y un 65% de la población del bloque deben aprobarlo para que continúe avanzando y llegue al Parlamento Europeo, que debe ratificarlo o rechazarlo. 

No hay dudas de que será un proceso tedioso, largo y complejo. 

Londres y Bruselas deben deshacer 43 años de acuerdos y tratados -un proceso inédito para un país miembro de la UE- y luego el resultado de las negociaciones deben atravesar no sólo las principales instancias de decisión del bloque, sino de cada estado miembro. Algunos países simplemente lo votarán en sus Parlamentos, otros lo someterán a referéndum, según sus leyes internas, lo que, además, agrega un período para la campaña electoral.

Pero antes de llegar a estas últimas instancia, el Reino Unido y la UE deben ponerse de acuerdo sobre muchos temas sensibles. 

Uno de los puntos centrales es el futuro de la relación comercial y las opciones, según los medios británicos, son dos: por un lado, un Brexit duro en el que May no acepta los pedidos de Bruselas de garantizar la libertad de movimiento de personas y los derechos migratorios de los ciudadanos del bloque para seguir siendo parte del mercado único europeo. Por otro lado, un Brexit blando, al estilo Noruega. 

Oslo no es miembro de la UE, pero sí pertenece a la llamada Zona Económica Europea, es decir, tiene acceso privilegiado al mercado interno del bloque, sin tarifas ni controles, lo que a su vez la obliga a garantizar la libre circulación de personas (ciudadanos de la Unión Europea), bienes y servicios. 


Uno de los temas más sensibles, según demostró el reciente debate en el Parlamento británico, es la política migratoria. 

La Oficina Nacional de Estadísticas en Londres estimó que alrededor de 3,2 millones de ciudadanos de países miembros de la UE viven en Reino Unido, mientras que cerca de 900.000 británicos viven en el bloque regional.