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Politica 07.12.2016

PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL

"Tenemos que hacer el texto posible”

El abogado y experto en Derecho Constitucional, Domingo Rondina ofrece un panorama concreto y didáctico sobre los aspectos que deberían evaluarse en caso de que se modifique la carta magna provincial. Luces y sombras de un texto sancionado hace 54 años. 

Por: El Litoral /

Domingo Rondina preside el Instituto de Derecho Constitucional del Colegio de Abogados de Santa Fe, uno de los organismos con los que el gobierno provincial firmó convenios en el marco del debate sobre la posible reforma de la carta magna santafesina. Desde ese espacio, está a cargo de la comisión provincial de reforma constitucional, creada por el gobernador Miguel Lifschitz, que funciona en el marco del Consejo Económico Social. “En esa comisión, coordino y organizo con las entidades que tienen que ver con el debate de la sociedad civil frente a la reforma”, señaló en diálogo con El Litoral.

—Una reforma que se plantea como amplia en cuanto a las consultas y los temas que abarca.
—La reforma tiene tres carriles. El principal que es el acuerdo con los diferentes sectores políticos, los que tienen representación legislativa y los que no la tienen; primero porque para que la reforma se declare se necesitan dos tercios de la totalidad de los miembros de cada cámara y ese número mágico sólo se logra con un altísimo acuerdo con todos los partidos. Pero, además, nuestro sistema de reforma constitucional del ‘62 está blindado, tiene restricciones y dificultades: eso hace que si llega a haber cualquier dificultad en la convención, si se aprueba un tema que no se había autorizado expresamente, si se queda sin quórum, se cae toda la reforma. Eso significa que hay que acordar con los partidos que se van a presentar a esa elección, aunque ahora no tengan legisladores en las cámaras.

—¿En qué momento se estableció este sistema blindado?
—En el ‘62 por la mutua desconfianza que se tenían los sectores políticos en ese momento. Por eso, es muy difícil reformar la Constitución de Santa Fe. La provincia tuvo muchos problemas con las reformas: que se hacían, que no se aplicaban, que se intervenía la provincia para anularlas. El problema más grave se dio con la reforma del ‘21 que fue idealista pero no gozaba de consenso partidario. Fue anulada y durante diez años no se aplicó; luego el gobernador Luciano Molinas la puso en vigencia durante un tiempo. Pero es el ejemplo de lo que no debemos hacer: una Constitución que a todos nos convenga pero que no podamos aplicar. Tenemos que hacer el texto posible, la reforma posible. En ese sentido, hay un grupo de entre 6 y 10 temas que tienen alto consenso multipartidario y creo conveniente avanzar sobre esos puntos.

—¿Cuáles son los otros carriles?
—Otro carril es el de la participación de los constitucionalistas y especialistas, que tenemos que definir a partir de los consensos que la política haya logrado, cómo se tiene que escribir. Si se pusieron de acuerdo en que las elecciones en las comunas sean cada cuatro años, cómo lo escribimos: la dimensión de la política es la dimensión de lo que quiero, la dimensión del constitucionalista es la de lo que puedo, o del cómo.
El tercer carril es el de la sociedad civil, es el carril del para qué. El desafío como comisión provincial es explicarle a la gente el para qué de la reforma.

—¿Y para qué la reforma?
—En primer lugar, no podemos decirle a la gente: “Vamos a hacer todo lo que ustedes piden”. Hay cuestiones que tienen que ver con el acuerdo político y con cómo se escribe, y la gente no puede incidir sobre eso. Es necesario explicar el camino que vamos a seguir y cómo se puede incidir sobre ese camino. La principal incidencia de la ciudadanía es al momento del voto, escuchar las diferentes propuestas de quienes quieren reformar la Constitución y elegir aquellos planteos que resulten más convincentes. Habrá partidos que pidan que el catolicismo no sea la religión de Santa Fe y otros que si; partidos que van a pedir autonomía plena para Rosario y Santa Fe y otros que pidan autonomía para todos, como también otros que no quieran autonomía. Después, la gente puede aportar a los contenidos sobre los que hay acuerdo: una cuestión que se planteó en la primera reunión de la comisión provincial fue la necesidad de cuatro años de gestión de las comunas, y alguien dijo que no era tan decisivo el plazo sino qué recursos van a tener las comunas para hacer algo en esos cuatro años.

—Cuando hablamos de sociedad civil no hablamos de los ciudadanos comunes.
—Hablamos del ciudadano común institucionalizado. No de una encuesta que se hace en la peatonal, sino de los mecanismos a través de los cuales se canalizan las cuestiones ciudadanas. Por eso, se plantea que es tan importante participar en las entidades intermedias que son las interlocutoras de los temas gubernamentales. No tenemos un mecanismo de ágora o asamblea donde se cite a todos; hay mecanismos institucionales que tienen que ver con las organizaciones de la sociedad civil.

EL CONSENSO NECESARIO
“Este período de gobierno de Miguel Lifschitz es bueno para intentar una reforma. Si hay una Legislatura fuertemente oficialista, la reforma la escribe uno solo. Cuando hay un panorama de tanta dispersión con una cámara de un partido y otra de difícil mayoría de otro partido y un Ejecutivo de otro color, está la obligación del diálogo y el consenso. Me parece que nuestros políticos han madurado mucho en estos 33 años de democracia y están en condiciones de afrontar estos debates”, opinó más adelante. Y aportó que “hablo con todos los legisladores de todos los partidos que tienen en claro que la reforma es necesaria aunque sea en media docena de temas”.

—¿Cuáles son esos temas?
—Uno: Que las comunas tengan mandatos de cuatro años, que no fue un error en el ‘62 sino que entonces eran pequeños parajes. Con el paso del tiempo, las comunas fueron creciendo y cuando superan los 2.000 habitantes se vuelven inmanejables con dos años de gestión. Además, tienen muchas funciones que entonces no tenían. Tampoco, hay argumento técnico para diferenciar el municipio de la comuna en el marco de autonomía que otorga la Constitución Nacional del ‘94.

Dos: El balotaje. Hay que tratar de resolverlo en los niveles municipales. Quizá no se logre consenso para la elección a gobernador pero hay que ver este tema porque existen comunas donde la elección se resuelve por sorteo debido a que se dan empates con frecuencia.

Tres: El Consejo de la Magistratura. Desde el gobierno de (Víctor) Reviglio es una autolimitación que hace el gobernador, porque la Constitución le da amplias facultades para designar a quien quiera. En ese entonces, ni se debatía pero hoy se plantea y es un escándalo: 54 años después cambió mucho el mundo. Algunos gobernadores se han ido autolimitando, pero tenemos que plasmar este tema en la Constitución y establecer reglas.

Cuatro: La remoción de magistrados. El problema es que la provincia, a partir de la sentencia de la Corte Nacional en la causa Frois, se ha quedado sin sistema de destitución de magistrados. Es necesario que restablezcamos el control de la ciudadanía sobre los malos magistrados judiciales (con) un mecanismo de remoción a través de un Consejo de la Magistratura o un jurado de enjuiciamiento independiente que asegure una fácil destitución en estos casos.

Cinco: La Cámara de Diputados. En nuestra Constitución, la lista que gana se lleva 28 legisladores y los restantes 22 se distribuyen entre todos los perdedores. Esa distribución se explica en aquel momento histórico, donde ese número de 28 diputados fue pensado como un techo. Ahora, es diferente: en un escenario de dispersión del voto entre muchos partidos, el que gana por unos pocos sufragios se lleva un premio enormemente superior al segundo. Además, ha cambiado el mundo, hoy nos parece razonable que los diputados sean en proporción a los votos.

Seis: La constitucionalización del defensor del Pueblo, que hoy es una figura establecida por ley, y la autonomía de los Ministerios Públicos de la Acusación y de la Defensa que están en una profunda crisis porque la ley que los reguló lo hizo de forma deficiente.

Siete: El replanteo de la composición de la Corte Suprema, única en el mundo de seis miembros, con empate y alta preponderancia de sus presidentes. Es bueno que Santa Fe se incluya dentro de los tribunales constitucionales de manera de sacarle a la Corte los problemas de voltaje político.

Ocho: El grado de autonomía que les corresponde a comunas y municipios es un tema de mucho debate. La Constitución Nacional nos manda a que demos autonomía a los municipios; entonces, tenemos que ver en qué grado. En el medio, estamos los que opinamos que se debe respetar cierto nivel de decisión a las poblaciones de las ciudades, pero con una coordinación provincial que mantenga unificado el territorio.

En su opinión, “sería bueno que la ley de necesidad de la reforma se dicte a finales de 2017 para que la elección se concrete a principios de 2018 y se erija la convención el segundo semestre de ese año”. “Por eso vengo proponiendo desde hace varios meses que 2018 sea el año en que pueda concretarse la reforma. Y si no se concreta, quedémonos tranquilos porque la Constitución tampoco es mala. Ninguno de los problemas que tenemos en la provincia es culpa de una Constitución atrasada: la nuestra es una buena Constitución: lo que falta es que los gobiernos la ejecuten en todos los términos”.

“El primer síntoma de que estamos matando nuestros sueños es la falta de tiempo”

Paulo Coelho