“Por un lado está el recorte presupuestario, que afectaría el ingreso de personal y estarían en riesgo alrededor de 600 puestos de trabajo, y la pérdida de autarquía del INTA, que tiene su fuente de financiamiento, su gobierno propio, tiene un Consejo Directivo, donde participan las asociaciones de productores como FAA, CREA, CONINAGRO, SRA, universidades y representantes del poder ejecutivo”, comentó Romero.

 

“INTA hizo un pedido de presupuesto de $6.253 millones que está respaldado, en lo que se prevé recaudar de las fuentes de financiamiento del propio INTA. Se acordó luego con Agroindustria y jefatura de Gabinete un presupuesto de $5700 millones, y el poder ejecutivo termina enviando al Congreso Nacional un presupuesto de $5112 millones, con un recorte de $1140 millones a lo que se pidió originalmente”, explicó el gremialista.

 

Según Romero, INTA posee unos 7.300 empleados entre planta permanente, no permanente y contratos a plazo fijo, distribuidos en 74 estaciones experimentales y más de 400 agencias de extensión agraria.

 

La suma presupuestada para 2017 implica un retroceso de unos $218 millones respecto a la ejecutada durante este año.

 

“INTA hace investigación y extensión agropecuaria, tiene institutos de investigación muy importantes en Castelar, y también institutos de la pequeña agricultura familiar, una innovación de la institución. Somos reconocidos en el país y en el mundo”, ponderó.

 

“Trabajamos sobre recursos naturales y medioambiente, y que si no hay presencia del Estado efectiva, la actividad privada no se preocupa por el medioambiente, al contrario, si para su rentablidad tiene que avanzar sobre estas cosas, avanzan”, agregó.