Con esa frase se refirió a que el viernes pasado vencieron los plazos para que Venezuela completara el cronograna establecido en el Protocolo de Adhesión para la adaptación del país a las normas del bloque, entre ellos la convergencia al Arancel Externo Común y la completa desgravación del comercio.

 

La ministra precisó que los países fundadores tendrán que "armar, a partir del consenso, si dar por incumplido ahora" las condiciones establecidas en el protocolo para la adhesión plena o "si extender el plazo de cumplimiento con ciertos condicionantes". 

 

Malcorra explicó que el 12 de agosto era la fecha límite para la adecuación total de Venezuela pero "una vez vencido ese plazo hay que hacer una evaluación completa que lleva unos días y trabajar sobre las opciones en caso de incumplimiento", razón por la cual los coordinadores nacionales de los fundadores establecieron hasta el próximo 23 "para hacer este inventario y ofrecer a los cancilleres alternativas hacia adelante".

 

"Hay una serie de alternativas que se están evaluando y van a tener que ser discutidas por los miembros para acordarlas. Esto se tiene que hacer en el entendimiento de que queremos solidificar al Mercosur, y unificar posiciones es parte de esa solidificación", explicó.

 

Malcorra ratificó que la previsión es que el 23 de agosto vuelvan a reunirse los coordinadores con todos los detalles de la evaluación y una propuesta a los cancilleres sobre la situación de Venezuela.

 

Esta evaluación está centrada en lo estipulado en el Protocolo de Adhesión de Venezuela al Mercosur, por el cual el gobierno de Caracas debía apegarse a un cronograma de adaptación e intrenalización de la normativa del bloque, y cuyo último plazo estaba fijado para el 12 de agosto pasado.

 

La normativa incluye desde los constitutivos Tratado de Asunción y Protocolo de Ouro Preto, hasta el Acuerdo de Complementación Económica (ACE 18) bajo paraguas de la Aladi, que establece el mercado común; todas las decisiones del Consejo Mercado Común (CMC), máximo órgano de decisión, y los protocolos adicionales, que rigen solución de controversias, medidas sanitarias y fitosanitarias, salvaguardas, libre circulación de bienes y personas.

 

Brasil y Paraguay, sin embargo, sostienen con mayor énfasis, que el incumplimiento más grave por parte de Caracas es hacia el Protocolo de Ushuaia de cláusula democrática, a la luz de las denuncias sobre violaciones a los derechos humanos en Venezuela, persecución y encarcelamiento de opositores políticos y baja calidad de la democracia.

 

Esta discusión agudizó la crisis en el bloque, que se perfilaba desde la aceptación de Venezuela como miembro pleno en junio de 2012, con Paraguay suspendido y sin que el parlamento de ese país hubiera ratificado el ingreso del país caribeño.

 

Ayer, la crisis tocó un punto álgido al conocerse una versión periodística que atribuye al canciller uruguayo, Rodolfo Nin Novoa, declaraciones en las que denuncia supuestas presiones de su par brasileño José Serra al presidente Tabaré Vázquez para que Uruguay no traspasara la presidencia pro témpore a Venezuela para el segundo semestre, que le corresponde por orden alfabético. 

 

El hecho motivó que la Cancillería brasileña convocara al embajador uruguayo en Brasilia, Carlos Amorín, para expresar "sorpresa y descontento" frente a tales versiones, que en lenguaje diplomático implica una queja formal.

 

Malcorra desestimó hoy que el gobierno argentino haya vivido una instancia similar y reforzó la idea de fortalecer los mecanismos institucionales del bloque.

 

"Argentina no recibió presión de nadie", sostuvo la ministra al ser consultada al respecto en la conferencia de prensa que ofreció junto al canciller de Dinamarca, Kristian Jensen.

 

"Somos firmes creyentes en el Mercosur. Estamos trabajando mucho para lograr que este impasse que hay por la cuestión de la presidencia pro témpore se resuelva rápido. Nuestros equipos están completamente dedicados; yo estoy completamente dedicada", enfatizó la canciller.

 

La diplomática abogó por una salida inmediata del conflicto para "avanzar no solamente en la negociación con la Unión Europea, que es prioridad, sino para lograr un bloque "más sólido, que integre realmente nuestras economías y llegue al mundo de la mejor manera".