En la iniciativa, Palo Oliver solicita “al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Provincia arbitrar los mecanismos legales pertinentes a los fines de dar solución al conflicto y en caso de no acatar la conciliación obligatoria dictada, aplicar las sanciones correspondientes”.

 

Entre los fundamentos y a modo de antecendente, el legislador comienza remitiéndose al año 1918 cuando Hipólito Yrigoyen en un proyecto de Ley sobre el descanso dominical decía “respecto de la ley de descanso, la experiencia está definitivamente hecha.  Intachable en sus propósitos justos de procurar un descanso necesario a obreros y empleados” y que “a “fines del año 2014 la Legislatura de la Provincia de Santa Fe sancionó la ley 13.441 de descanso dominical, siendo aplicables a los gobiernos locales que la ratifiquen a través de sus órganos deliberativos”.

 

Vale la pena recordar que a esta norma adhirieron ciudades como Esperanza, Venado Tuerto, Reconquista, Villa Gobernador Gálvez, Santo Tomé, Rafaela, Santa Fe, Rosario, entre otros, generando una fuerte resistencia por parte de algunas de las patronales del rubro supermercadista, a pesar de que las Cámaras y las Asociaciones Empresariales que nuclean a los Supermercadistas han manifestado su posición a favor de la Ley.

 

Palo Oliver también mencionó que “esta normativa recibió el apoyo de diversos sectores como la Iglesia, la Universidad Nacional de Rosario, gremios que agrupan a trabajadores de la Industria de la Carne, de Dragado y Balizamiento, de Empleados de la Legislatura Santafesina, Municipales y Bancarios entre otros, demostrando el amplio consenso.

 

Esta situación es la que generó actitudes de tipo extorsivas con amenazas públicas de suspender y/o despedir trabajadores, como también dio lugar a planteos  judiciales de inconstitucionalidad con el fin de 'boicotear' la ley o por lo menos hacerla inaplicable”. 

 

Por último Palo Oliver expresó su deseo de que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Provincia arbitre los mecanismos correspondientes para que se dé final al conflicto y que, en caso de corresponder, aplique las sanciones respectivas ante un eventual no acatamiento de la conciliación obligatoria.