En la mencionada entrevista, el ministro anuncia que la provincia se hará cargo de la repavimentación de la calzada en los dos carriles en ambos sentidos de circulación.

 

A partir de estas expresiones, el diputado Palo Oliver solicita que se informe si “el gobierno provincial ha tomado efectivamente la decisión de llevar adelante las obras de repavimentación de la carpeta asfáltica de la Autopista Provincial AP-01 Brigadier General Estanislao López” y en caso de que la respuesta fuera afirmativa “cuáles son los motivos por los que el Estado Provincial asume una obligación que, de acuerdo a los pliegos licitatorios y al contrato de concesión, es de exclusiva responsabilidad de la empresa concesionaria”.

 

Más adelante se pide la información sobre el monto que demandará esta obra, si está previsto el recupero de esos recursos y cuál sería el mecanismo a instrumentar.

 

Por último, se requiere conocer, en virtud del claro incumplimento de las condiciones previstas en el contrato, “si se han aplicado multas o alguna otra sanción de carácter pecuniario a la empresa por parte de la autoridad de control”, cuál sería el monto total por este concepto y si existen causales para la rescisión del contrato de concesión.

 

En este sentido,  el diputado provincial aclara que “entre las obligaciones contraídas por la empresa concesionaria, destaca la repavimentación completa de la Autopista en ambos carriles y en los dos sentidos de circulación”. Esta obra mejorativa, de acuerdo a las expresiones del Ministro Garibay en la referida entrevista, debió realizarse “En el quinto año, es decir, que ya tendría que estar toda repavimentada. Se repavimentó la tercera parte”.

 

Más adelante, agrega: “Ante este incumplimiento, queremos saber por qué la provincia repavimentaría la Autopista a pesar de ser una obligación de ARSSA. Asimismo resulta importante conocer si la inversión a realizar por el gobierno provincial tendrá una devolución por parte de la empresa ya que, de no ser así, se establecería un antecedente negativo para otros servicios concesionados en los que existan incumplimientos de los concesionarios, además de desvirtuar las condiciones establecidas por el Estado Provincial en su momento para esta situación en particular”.

 

Por último, Palo Oliver asegura: “Es obligación del Estado, en sus distintos niveles, garantizar la óptima transitabilidad de las diferentes conexiones viales ya que está comprometida la seguridad de quienes transitan por ellas, independientemente de los mecanismos que se utilicen para lograrlo”.