La primera etapa del juicio por la Tragedia de Once mantuvo indemne a Julio De Vido. Pero apenas se dictaron las sentencias, se inició una nueva investigación, focalizada en la eventual responsabilidad del ex ministro de Planificación Federal. Y Claudio Bonadio no demoró en procesarlo.
En paralelo al procesamiento, el juez trabó un embargo por 600 millones de pesos. No obstante, el ex funcionario aseguró no poseer bienes por ese monto. Fue entonces que la Oficina Anticorrupción (OA), aceptada como querellante en la causa, propuso embargarle el sueldo que recibe como diputado.

La petición del organismo que dirige Laura Alonso requería a la Dirección de Administración de la Cámara baja que "informe si percibe sus haberes ante ese organismo y, en caso afirmativo, proceda a trabar embargo sobre los mismos hasta cubrir la suma". Fuentes de la OA confirmaron a Infobae que el juez accedió a ese pedido.

El magistrado ordenó además rastrear los bienes que pertenezcan al ex ministro para afectarlos al embargo. Para ello, se enviarán oficios a los registros de la propiedad inmueble de todas las provincias, al Registro Nacional de la Propiedad Automotor y a todos los organismos vinculados a bienes registrables.

Además, dictó la inhibición general de bienes a su respecto y pidió al Banco Central que bloquee sus cuentas bancarias. De modo que el ex ministro no podrá disponer libremente de ello.

Al ordenar su procesamiento, Bonadio consideró que "la inacción de De Vido" posibilitó el choque de la formación del tren Sarmiento que causó 51 muertes. Disconforme con la decisión, el legislador pidió luego que se aparte al juez de la causa, pero tal requerimiento fue rechazado por la Cámara Federal.