Entre octubre y noviembre del año pasado, el anterior Ministerio de Seguridad  con la gestión de Raúl Lamberto, ordenó destruir 700 armas que pertenecían a la Policía y estaban en desuso. Para ello, el ministerio había firmado un convenio con la Corte Suprema de Justicia a fin de destruirlas.

 

Pero, algunas de ellas terminaron en manos de delincuentes. Tras el descubrimiento se puso en marcha una investigación y ya fueron citados todos los responsables del circuito por el que pasaron, entre ellos personal policial del área Logística, aunque aún no hay nadie imputado.