Es el primer juicio en la ciudad capital donde se juzgará la apropiación y supresión de identidad de una menor de edad (de Paula Cortassa y/o María Carolina Guallane), y en el marco del cual Abuelas de Plaza de Mayo actuó como querellante.

 

El veredicto se dará a conocer este jueves, a las 10, en el Tribunal oral en lo Criminal Federal de la ciudad de Santa Fe, Primera Junta y San Jerónimo.

 

En el contexto de esta última audiencia y tras un año de sesiones se ofrecerá a los imputados la posibilidad de pronunciar palabras en su defensa por última vez en este juicio. Posteriormente, tras un cuarto intermedio en el que el Tribunal se retirará a deliberar, se escuchará su veredicto.

 

Este juicio por delitos de lesa humanidad comenzó el viernes 10 de abril de 2015 en el Tribunal Oral Federal de la ciudad de Santa Fe.

 

En este proceso son juzgados el ex juez de Menores de Santa Fe, Luis María Vera Candioti; los tenientes coroneles retirados Domingo Morales y Jorge Roberto Diab; el coronel retirado Carlos Enrique Pavón; y el comisario retirado Juan Calixto Perizzotti.

 

El Tribunal está integrado por el juez Ricardo Vázquez y los conjueces Omar Digerónimo, Beatriz Caballero de Barabani y Otmar Paulucci. La acusación estará a cargo del fiscal Martín Suárez Faisal.

 

Las querellas fueron formuladas por Alejandra Romero Niklison, por los hermanos Hernán y Gabriel Ziccardi; Zulema Rivera en representación de María Carolina Guallane; Natalia Moyano y Santiago Bererciartúa, por la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, y Lucila Pujol y Guillermo Munné por HIJOS.

 

Las víctimas son 53. En su mayoría fueron asesinadas y desaparecidas. Los testigos sumaron 185.

 

La reapertura de las causas por delitos de lesa humanidad, tras la declaración de nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final en el año 2003, marcó un momento decisivo para el mejoramiento de la calidad institucional y un paso fundamental en la búsqueda de Verdad y Justicia.

 

En Santa Fe se pusieron en marcha causas emblemáticas y el gobierno provincial implementó una serie de políticas públicas destinadas a acompañar a la Justicia y tributar a este proceso de memoria, verdad y justicia, entre ellas: el Programa de Protección y Acompañamiento de Testigos y Querellantes; el Área de Investigación, Apoyatura y Seguimiento de las causas judiciales, y la creación de un Registro de ex presos políticos.

 

En la provincia los juicios por delitos de lesa humanidad comenzaron en 2009 y continúan desarrollándose. Los procesos implican la actuación de testigos, querellantes y abogados patrocinantes, actores fundamentales que han bregado sin descanso por esta oportunidad histórica.