Los jefes cegetistas Hugo Moyano (Azopardo), Antonio Caló (Alsina) y Luis Barrionuevo (Azul y Blanca) volvieron a verse las caras con el presidente Mauricio Macri este miércoles, en la residencia de Olivos, donde reclamaron contra los despidos y los aumentos de precios. Durante el encuentro, el Gobierno prometió impulsar este año un proyecto para actualizar las escalas de Ganancias, pero los cambios serán recién para el 2017.

Del encuentro participaron, además de Macri, Moyano, Caló y Barrionuevo, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, y el secretario de Coordinación Interministerial, Mario Quintana, por el lado del Gobierno; y Juan Carlos Schmid (CATT), Armando Cavallieri (Comercio), Gerardo Martínez (UOCRA), Gerónimo Venegas (UATRE), José Lingeri (SGBATOS) y Andrés Rodríguez (UPCN), por el lado sindical.

"Sabemos que es una situación compleja y entendemos el sufrimiento de la gente", reconoció Triaca en una conferencia de prensa tras el encuentro. "Nuestro objetivo es la generación de empleo y de inversión", agregó. Cuando le pidieron precisiones sobre los cambios en ganancias, ratificó que el proyecto será enviado al Congreso, pero no pudo precisar cuándo.

Por su parte, los sindicalistas, que habían prometido mantener un contacto con la prensa, dejaron la Quinta de Olivos sin hacer declaraciones.

La reunión con el Poder Ejecutivo se inscribe en un momento donde la "luna de miel" parece estar terminada. Desde el último encuentro con Macri, la relación entre ambos actores entró en un sendero de notoria discordia.

El primer quiebre de importancia fueron los anuncios gubernamentales en materia de Impuesto a las Ganancias y que no conformaron a los sindicatos. A ello se le sumaron la espiral inflacionaria del primer trimestre y el aval del Gobierno a los despidos en el sector público y privado.

Las primeras señales de una recesión que ya está afectando al consumo popular y el poder adquisitivo empujó a que las distintas centrales obreras se pusieran a trabajar en la unificación de las CGT y en una inédita "unidad en la acción" con entidades siempre distantes a la oficialidad sindical, como las CTA de Hugo Yasky y Pablo Miceli.

La chance cada vez más real de que el acto del 29 de abril, en el que participarán todos estos grupos, termine siendo una demostración de fuerza pública masiva aceleró las gestiones de la Casa Rosada con los gremialistas.

Alertado por este reagrupamiento y creciente malestar, el Gobierno buscó con la reunión de hoy apaciguar los ánimos y dar alguna respuesta parcial a las demandas. En esa línea se inscriben los cambios en Ganancias, impuesto que afecta principalmente a la Confederación del Transporte (CATT), cuyos gremios tienen un poder de fuego real para paralizar el país, como ya demostraron con las tres huelgas generales sobre el final del mandato de Cristina Kirchner.

Otro de los reclamos en carpeta es que los sindicatos empiecen a recibir los montos adeudados para las obras sociales, que en un primer tramo podrían ascender a los $2.700 millones. Sin embargo, el grueso de las reividicaciones pasaron por el cuidado del empleo y del poder adquisitivo. Los dirigentes sindicales insistieron en su proyecto que declare la "emergencia ocupacional" que permita frenar "la ola de despidos en el sector público y privado". También reclamaron medidas al Poder Ejecutivo para "bajar la inflación".

En este contexto, el sindicalismo todavía no tiene definido un posible paro general, pero esa alternativa está latente. Por ahora, la tarea de los sindicatos será subrayar el perfil "combativo" de la movilización del 29 de abril con la difusión de un documento/solicitada que incluirá críticas severas al Gobierno por sus políticas.