El mecanismo propuesto por Lifschitz en el decreto 507 es novedoso en la provincia y si bien la consulta no tiene carácter vinculante, ya generó un debate entre quienes valoran que la designación de la cúpula policial pase por un filtro parlamentario y aquellos que lo cuestionan porque consideran que el gobernador no puede desligarse de su facultad y así como no consulta a la Legislatura para nombrar sus ministros, tampoco lo puede hacer con un jefe policial.

El presidente de la comisión, Joaquín Gramajo, ya dijo que dará trámite a la propuesta de Lifschitz. "Vamos a opinar, pero el nombramiento del jefe de Policía es potestad del Poder Ejecutivo", aclaró. Mientras que su colega y diputado del Frente para la Victoria, Leandro Busatto, solicitará que "se la rechace por improcedente". "Acá hay un error conceptual y hasta una contradicción. Si la Legislatura no es consultada ni opina sobre la designación de un ministro, en este caso el de Seguridad, ¿por qué va a opinar por el nombramiento de un funcionario de menor jerarquía? ¿Por qué el gobernador le otorga a un jefe de Policía mayor rango que al ministro?", preguntó Busatto. Y explicó que la comisión de Acuerdos "no tiene facultades constitucionales ni reglamentarias para recibir los antecedentes de Bruschi como si fuera el pliego de un juez o de un fiscal".

El artículo 2 del decreto 507 establece que después de los "diez días corridos" que Lifschitz le concedió a la comisión de Acuerdos y si "no hubiera observaciones", el Poder Ejecutivo "procederá a la designación" de Bruschi. Y en el caso de que la comisión impugne el ascenso, el gobernador evaluará el planteo y tendrá dos opciones: lo podrá desestimar y designar al elegido o hacer una nueva propuesta.

Según Busatto, la propuesta del gobernador es un "cúmulo de buenas intenciones para transparentar lo que demanda la sociedad, que los jefes policiales sean elegidos de manera más democrática, pero se queda a mitad de camino".