Señor Presidente de la Nación

Ing. Mauricio MACRI

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De nuestra mayor consideración:

Nos dirigimos a Ud. con el objeto de manifestarle nuestro más enérgico repudio ante el flagrante incumplimiento por parte de la empresa YPF del histórico fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del 10 de noviembre de 2015, que garantiza el libre acceso a la información pública y ambiental en relación al contrato suscripto con la empresa Chevron para la explotación de hidrocarburos no convencionales en el yacimiento Vaca Muerta.

Un gobierno que ha asumido el pasado 10 de diciembre anunciando un “cambio de época”, y que en tal sentido dice asumir las demandas ciudadanas de transparencia en el manejo de lo público y combate contra el flagelo de la corrupción, no puede ni debe bajo ninguna circunstancia desconocer la contundente decisión del máximo tribunal, que señaló que YPF en tanto es claramente “una empresa funciona bajo jurisdicción del Poder Ejecutivo Nacional”, no podía ampararse en su carácter de Sociedad Anónima para negar el libre acceso al contrato.

Como señala el fallo de nuestro máximo tribunal “la empresa desempeña importantes y trascendentes actividades, en las que se encuentra comprometido el interés público, por lo que no puede, en el marco de los principios de una sociedad democrática (…), negar información de indudable interés público, que hace a la transparencia y a la publicidad de su gestión”.

Sin embargo, vemos como hoy YPF, empresa de capital estatal mayoritario, y por ende de todos los argentinos, que tiene directores nombrados por Ud., y que responde inequívocamente a los lineamientos establecidos por su gestión para el sector hidrocarburífero, presenta un escrito ante el Juzgado Contencioso Administrativo Nº 7 que le fijó el plazo de 10 días para cumplir con el fallo, escudándose una vez más en el secreto y la confidencialidad.

Por las razones expuestas, Señor Presidente, le solicitamos que en tanto titular del Poder Ejecutivo bajo cuya órbita se encuentra la empresa estatal YPF, ponga fin a esta situación de gravísimas implicancias institucionales, ordenando a los directores estatales de la empresa la divulgación del contrato en los términos del fallo del pasado 10 de noviembre, cumpliendo con el mandato del máximo tribunal que recuerda que “la información no pertenece al Estado sino que es del pueblo de la Nación Argentina”.