ara la Justicia, hubo lavado de dinero negro proveniente de la venta de medicamentos adulterados o del cobro irregular de reintegros millonarios por esos remedios en la recaudación de fondos para el financiamiento de la campaña de 2007, que llevó a la presidencia a Cristina Kirchner.

Por eso el juez federal Ariel Lijo citó a prestar declaración indagatoria a los recaudadores de la campaña electoral del kirchnerismo Héctor Capaccioli, ex jefe de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) y principal responsable de la campaña del Frente para la Victoria en 2007; Sebastián Gramajo, ex gerente de la Anses, y Hernán Diez, ex director de Lotería Nacional.

que la plata provenía de un delito y la pusieron en circulación para blanquearla.

Además, citó a declarar a los empresarios que comercializaron esos medicamentos. Las declaraciones serán entre el 29 y el 31 de marzo e incluyen a los empresarios Carlos Torres y Néstor Lorenzo, de Multipharma; Soledad Bellone (viuda de Sebastián Forza, víctima del triple crimen de General Rodríguez), de Sanfor Salud SA, y Gabriel Brito, de Global Pharmacy. Todos ellos son investigados además por la mafia de los medicamentos.

A estas empresas se les achaca haber aportado a la campaña 886.000 pesos que no pudieron justificar.

"Era plata que no estaba declarada, que no estaba en el circuito financiero y que estaba fuera de la capacidad de las droguerías y los laboratorios", dijo el juez. Mediante el aporte de ese dinero "se puso en circulación en el mercado dinero no declarado de origen ilícito, a los fines de disimular la fuente real de los fondos y obtener la apariencia de licitud de ésta", precisó.

El juez describió así el funcionamiento del sistema: las empresas les entregaban a los responsables de la campaña electoral un cheque con el aporte de fondos y a cambio recibían la factura correspondiente. Antes de presentar el cheque en el banco, les daban el dinero en efectivo para cubrir el importe. Como se trataba de depósitos en efectivo se desconoce su origen y, además, las firmas no pudieron justificar esos movimientos.

Lijo detalló que "a Capaccioli, Gramajo y Diez se les reprocha la recepción y administración de dichos aportes, con el conocimiento de que este dinero provenía de un ilícito. De tal modo, lograron poner dicho dinero en circulación en el mercado otorgándole apariencia posible de un origen lícito".

Torres y Lorenzo aportaron 376.000 pesos por Multipharma mediante la entrega de cuatro cheques y Solange Bellone puso 200.000 pesos mediante cuatro cheques de la firma Sanfor Salud SA. Brito colocó 310.000 pesos aportados por la firma Global Pharmacy SA.

"No pudieron justificar los depósitos y las tres empresas no contaban con capacidad económica suficiente para hacer frente a los pagos (...) ni depositaron la plata por la ventanilla del banco", dijo el juez. Y enfatizó: "No había ningún registro contable del movimiento del dinero y hubo cuentas que estaban inactivas que se activaron sólo para estos pagos. El origen del dinero es ilegal".

"Si fue por la operación de la efedrina o no, eso nunca lo vamos a poder establecer... Yo no tengo establecido que el origen de la plata sea la efedrina, me parece muy difícil que lo hagamos", explicó.