Hasta tanto se alcance y entre en vigencia el "Acuerdo para el Nuevo Federalismo", se mantendrá la situación previa al dictado del decreto 2635 del 30 de noviembre de 2015, derogado por el decreto de necesidad y urgencia 73, del 11 de enero de 2016.

 

 

"El Presidente nos indicó que trabajemos junto a los 24 gobernadores para encontrar la manera de restituir gradualmente los fondos coparticipables para las provincias", dijo Frigerio, y añadió que el gobierno tiene la voluntad de avanzar "hacia una federalismo más equitativo, encontrando soluciones políticas para los viejos problemas de la distribución de los recursos, en tiempos más cortos que el camino judicial".

 

Tras el anuncio, el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, fue el primero en hacer oír su voz de apoyo a la creación del consejo y sostuvo que "desde hace ya décadas las provincias se han visto relegadas, postergadas y hasta ignoradas por los Gobiernos centrales sin que éstos entiendan el enorme daño que generaron al país todo".

 

 

La creación del consejo se enmarca en las negociaciones que el macrismo mantiene con el massismo para lograr un dictamen favorable de la Comisión Permanente de Trámite Legislativo para el decreto de necesidad y urgencia que anuló el decreto de la ex presidente Cristina Kirchner, firmado a días de dejar el poder, luego de que la Corte Suprema fallara en favor del reclamo realizado por las provincas de Córdoba, Santa Fe y San Luis.

 

El Consejo que se creará por decreto deberá arribar a una propuesta para la eliminación de la detracción del 15% de la masa de impuestos coparticipables pactada en agosto de 1992, durante el curso del tercer trimestre del presente año. Una vez que se alcance una propuesta, el Gobierno nacional, los gobiernos provinciales y la Ciudad deberán alcanzar, suscribir y formalizar el acuerdo definitivo durante el curso del cuarto trimestre del presente año.

 

 

La eliminación del 15% de la masa de impuestos coparticipables se hará en forma progresiva y escalonada durante los próximos cinco años, y se establece como fecha límite para su eliminación definitiva el 1º de enero del 2021.

 

 

El proyecto, además, establece un régimen de saneamiento definitivo de la situación financiera entre el Estado nacional, las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el fin de facilitar la extinción de las obligaciones recíprocas que se encuentren pendientes.

 

 

Además, el Gobierno nacional podrá proponer un régimen de transferencia de asignaciones, bienes y servicios actualmente administrados por la Nación a las Provincias y a la CABA como parte del acuerdo, y se propiciará un incremento en la inversión en educación, ciencia y tecnología por parte de las provincias y la Ciudad , pudiendo establecerse nuevas metas y parámetros superadores de los fijados por la ley 26.075 de Financiamiento Educativo.