El nombre de Roberto Carlés cobró notoriedad en el amanecer de 2015, cuando fue propuesto por el kirchnerismo para formar parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La intención del ex gobierno nacional no prosperó y la figura del jurista desapareció del centro de la escena, hasta que Alejandra Gils Carbó volvió a convertirlo en noticia.

La procuradora decidió convocarlo para que se desempeñe "en un cargo equivalente a prosecretario letrado de la Procuración General de la Nación", por considerar que es necesaria una incorporación debido a la cantidad de trabajo que observa en el organismo que preside.

"El creciente cúmulo de tareas que recae sobre diversas áreas de esta Procuración General de la Nación impone la adopción de las medidas que permitan brindar una adecuada respuesta y mantener la eficacia en el servicio", argumentó Gils Carbó para solicitar la contratación del abogado de 34 años.

Para la funcionaria, Carlés "reúne las condiciones personales y profesionales para cumplir con eficiencia las funciones inherentes al cargo", ante las "necesidades de índole funcional existentes en el Área de Competencia Múltiple I" de la Procuración.

En la resolución que autoriza la incorporación, Gils Carbó aclaró que el ex candidato a integrar el máximo tribunal ingresará en condición de contratado y que eso "no generará derecho a la estabilidad o expectativa de efectivización".

Finalmente la procuradora instó a Carlés a que dentro de un plazo de 60 días "aporte el certificado que acredite su aptitud psicofísica expedido por el Departamento de Medicina Preventiva y Laboral del Poder Judicial de la Nación", y que en un máximo de 30 días hábiles presente su declaración jurada patrimonial.