El actual gobierno casildense heredó de la administración anterior una deuda de más de once millones de pesos, según refleja el informe preliminar de una auditoria que dispuso la gestión entrante sobre el estado económico y financiero en que recibió el municipio. "Esta es una forma de transparentar la gestión y cumplir con el compromiso que asumimos ante los vecinos de dar a conocer la situación con que nos encontramos al hacernos cargo de la Municipalidad", explicó el intendente radical Juan José Sarasola, quien hace poco más de dos meses logró poner fin a casi tres décadas de hegemonía de gobiernos justicialistas.

Los primeros resultados del estudio llevado adelante por técnicos de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad del Litoral revela que la administración entrante se encontró el 10 de diciembre con compromisos de pagos de más de 11.8 millones de pesos y solo poco menos de 650 mil pesos en recursos disponibles, con lo cual el déficit financiero constatado arrojó la friolera suma de 11.181.190,61 pesos.

El millonario desequilibrio tuvo como principales componentes remuneraciones salariales y leyes sociales impagas por más de 8.5 millones y unos 3.2 millones a proveedores.

Si bien los funcionaros se mostraron prudentes al ser consultados sobre la posible constatación de irregularidades admitieron que surgieron "dudas" respecto a la rendición de subsidios provinciales y nacionales cuyos puntos serán analizados con mayor profundidad en la etapa que aún resta para completar la auditoria, según aclararon.

Cámaras. En esa línea el secretario de Hacienda, Juan Pablo Massetani, indicó que "de 260 mil pesos de aportes recibidos de la provincia para cámaras de seguridad solo fueron rendidos 14 mil y con respecto a subsidios nacionales hay una diferencia de 3.8 millones de pesos entre lo recibido y lo ejecutado".

Cabe recordar que el concejal radical Mauricio Plancich, como ya dio cuenta La Capital, denunció recientemente al ex intendente, Juan Carlos Bacalini, por el presunto delito de malversación de fondos a partir de la recepción de un informe de Hacienda donde se advierte que el anterior gobierno utilizó en su último mes de mandato para afrontar compromisos de pagos fondos que tenían un destino específico, pese a no contar con autorización del organismo legislativo que, precisamente, rechazó el decreto que disponía el cuestionado acto administrativo.

Sobre el tema Sarasola dijo que su gestión aportará los elementos que sean requeridos por la Justicia para colaborar con la investigación y aseguró que el municipio también iniciara acciones legales en caso que el resultado final de la auditoria en curso confirme la existencia de anomalías administrativas.

Foto. No obstante el intendente insistió con que el referido estudio fue dispuesto para tener "una foto de las finanzas al momento de asumir" y para que la totalidad de los casildenses "conozcan en qué condiciones recibimos las cuentas municipales".

Sarasola dijo que el complejo panorama heredado limitó la posibilidad de "hacer todo lo que hubiésemos querido en estos dos meses de gestión porque no arrancamos de cero sino que tuvimos que remontar un gran desequilibrio al punto que si no fuera —declaración mediante de la emergencia económica municipal— por un adelanto de coparticipación provincial no hubiésemos podido pagar sueldos, entre otros compromisos, cuando arrancamos la gestión en diciembre".

De todas maneras y más allá de las adversidades Sarasola aseguró que "seguiremos trabajando con toda la energía para poner a la ciudad en equilibrio y responder a los legítimos reclamos y necesidades que plantean los vecinos".

De la conferencia donde se dieron a conocer los primeros datos de la denominada técnicamente auditoría de corte también estuvo presente el secretario de Gobierno, Pablo Tomat.

Quieren cambiar el plan regulador de Funes

El edill Rolvider Santacroce presentó el último jueves en el Concejo Municipal un proyecto de ordenanza para modificar el actual Plan Regulador de Funes, al tiempo que confirmó que pretende convocar a la totalidad de los actores de la localidad para participar de las discusiones que prevé la iniciativa.

"Vengo trabajando con una ONG de la cual soy parte, con la que llamamos a profesionales de la ciudad para que puedan aportarnos sus opiniones y su ayuda en la conformación de un nuevo plan de desarrollo urbano denominado Funes 2030", aseguró el referente del Frente para la Victoria.

"La idea es que el proyecto de ordenanza sea consensuado y discutido en una comisión que presidiré, en la cual se escuchará a todo aquel que quiera participar, con la idea de generar un nuevo plan de infraestructura que, estamos seguros, necesita la ciudad", indicó el concejal.

Como punto saliente, la iniciativa plantea —en su articulo 9— que hasta tanto no se hayan cumplido ciertos pasos del nuevo plan de desarrollo urbano, "el municipio de Funes no otorgará convalidación técnica preliminar o prefactibilidad alguna para ningún tipo de nueva urbanización dentro de la jurisdicción".

Recursos. Por otro lado, en declaración a medios locales, el edil justificó la aprobación de las tres urbanizaciones que se realizó en la sesión del 22 de diciembre pasado. "Voy a defender estos proyectos porque estoy convencido de que son los que generarán los recursos para que el intendente (Diego Barreto) pueda llevar a cabo el plan de infraestructura que necesitamos, además de que generarán puestos de trabajo para los funenses", explicó el edil sobre la iniciativa.

"Funes tiene una gran carencia de obras que con estos recursos podrán llevarse a cabo, como la pavimentación de calles Independencia y Suipacha hasta barrio Alfonsín", dijo a modo de ejemplo.

Agregó que "vamos a convocar a los empresarios que llevan a cabo las urbanizaciones aprobadas por el Concejo y nos vamos a encargar de hacer que los recursos que estos dejen en la ciudad se inviertan en obras de infraestructura cuyos beneficios servirán para la comunidad y los visitantes de la región".