El ex intendente justicialista de la ciudad de Casilda Juan Carlos Bacalini fue denunciado ante la Justicia por el presunto delito de malversación de fondos.

La presentación fue realizada por el actual presidente del Concejo, Mauricio Plancich, quien solicitó al Ministerio Público de la Acusación con sede en esta ciudad que investigue el supuesto accionar que también involucra a quienes se desempeñaban en la administración anterior como secretarios de Gobierno y de Hacienda, Juan José Taraborelli, y Juan Manuel Navone, respectivamente.

El edil radical fundamentó su pedido a partir de un informe elevado al organismo legislativo por el secretario de Hacienda del actual gobierno local, Juan Pablo Masettani, donde consta, auditoría mediante, que la Intendencia saliente usó en su último mes de gestión, aparentemente para el pago de salarios, fondos que estaban asignados a otros destinos.

El denunciante apuntó que el cuestionado comportamiento además violentó la decisión que tomó el organismo legislativo a principios de diciembre pasado cuando rechazó un decreto por el cual Bacalini pedía autorización al cuerpo para, precisamente, hacer frente a problemas de desfinanciamiento derivando recursos que tenían finalidades específicas. Cabe mencionar que el referido decreto fue firmado sólo por Bacalini y el secretario de Gobierno.

Sin embargo la negativa del Concejo casildense no impidió que el ex intendente lograse el cometido de "desviar" fondos nacionales y provinciales que estaban depositados en un cuenta bancaria municipal —de la cual tampoco brindó información requerida por el Legislativo a instancias de una minuta de comunicación— con el fin de ser destinados fundamentalmente a instituciones y para cubrir saldos de ejecuciones de obras como, por ejemplo, la planta de reciclaje de residuos, entre otras realizaciones cuyo monto total rondaba los 2,5 millones de pesos.

"Ese dinero fue movido hacia la Tesorería para ser usado probablemente a pagar sueldos a parte del personal, lo que constituye una irregularidad que merece ser investigada por la justicia para determinar si cabe algún tipo de responsabilidad penal", explicó Plancich a LaCapital.

Comportamiento irregular. Y en esa línea justificó Plancich su decisión de recurrir a la Justicia al sostener que "es lo que corresponde porque de lo contrario estaría convalidando un comportamiento irregular que podría encuadrarse dentro de la figura delictiva de malversación de caudales públicos, contemplada en el artículo 260 del Código Penal y que prevé reprimir con inhabilitación especial de un mes a tres años al funcionario público que dé a los fondos un destino, como en este caso, diferente al dispuesto".

El legislador, que además ejerce la actividad de abogado, insistió en que la conducta achacada "va a contramano de la ley y es necesario que se actúe en consecuencias para esclarecer lo sucedido y determinar responsabilidades".

Plancich además aportó documentación probatoria para respaldar el escrito por el cual solicita que se "analice" el accionar de las personas involucradas en la denuncia además de ser citadas porque "creo que son las que estaban en cabal conocimiento de este movimiento", dijo. El edil aseguró que la "Fiscalía ya resolvió elevar la denuncia a la unidad de delitos económicos del Ministerio Público de la Acusación de la provincia porque (la presunta) maniobra supera los 500 mil pesos".