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Politica 03.02.2016

NACIONALES

El Gobierno cesanteó a 6.200 contratados e investiga liquidaciones sospechosas

En medio de la controversia por los despidos en la administración pública y a poco más de un mes y medio de haber asumido, el Gobierno avanza en la revisión de los contratos del personal del Estado y pone la lupa en una serie de supuestas irregularidades vinculadas con la metodología de contratación, como los convenios con las universidades, que serán relevados hasta fin de mes y dados de baja en caso de no estar justificados.

Por: Infobae /

"Vamos a un Estado moderno, fuerte, solidario e innovador. El Estado no puede ser una caja boba al servicio de la política mal entendida", aseguró esta tarde el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, en una reunión con medios gráficos de la que participó Infobae. "Liquidaciones sospechosas", líneas de teléfonos celulares sin ningún tipo de control, vacantes congeladas y el despido de más de 6 mil contratados es el estado de situación actual de la administración pública, según la radiografía que trazó el ministro y las medidas que adoptará el Gobierno en los próximos días.

Entre esta semana y la que viene, el macrismo publicará un decreto que contemplará tres aspectos: la revisión de los contratos con universidades –una metodología utilizada por el anterior gobierno y sobre la que pende un manto de sospechosa-, la restricción para nuevas contrataciones de personal a partir del 1 de marzo sin previa autorización del Ministerio de Modernización, y la auditoría sobre liquidaciones de haberes correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre del año pasado. "Hay liquidaciones sospechosas", explicó Ibarra, y abundó en ejemplos como francos compensatorios o vacaciones que no estarían del todo justificados. La auditoría estará a cargo de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).

En el caso de las universidades, los ministerios tendrán plazo hasta el 29 de este mes para mostrar los convenios: aquellos que no se justifiquen serán dados de baja en forma automática. "El problema que tenemos es que no sabemos cuántos de esos convenios hay", aseveró el ministro. En ese sentido, serán los ministerios y no las universidades los que deberán cuantificar esos contratos.

Esa modalidad de contratación quedó al descubierto en las últimas semanas tras la cesantía de los 550 empleados del Centro Cultural Kirchner (CCK), ahora bajo el ala de Hernán Lombardi, titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos. "Los contratos de asistencia técnica con las Universidades de San Martin, 3 de Febrero y La Matanza fueron dados de baja el 4 de enero. Estos contratos involucraban al 85 por ciento de los designados que tenían su relación laboral triangulada con las universidades", explicó a principios del mes pasado Lombardi a través de su cuenta de Twitter en relación al CCK.

Lo que ahora amplía Ibarra es que si bien había 550 empleados en el centro cultural, la liquidación de sueldos se realizada por un total de 710 contratados. Forma parte del análisis de supuestas irregularidades investigadas por el Gobierno.

El ministro, que en los próximos días presentará un "Plan de modernización del Estado" –impulsará el sistema de expediente electrónico que el macrismo incorporó en la ciudad de Buenos Aires-, dijo además que dentro de la revisión de la estructura de la administración pública se hará hincapié en las 46.000 líneas de teléfonos celulares desparramadas entre los diversos despachos del Poder Ejecutivo sobre las que hasta hoy no hay ningún tipo de control. Los ministerios deberán informar antes de fin de mes a quién corresponden las líneas asignadas actualmente; en caso de alguno de esos números no corresponda a ningún funcionario o no se justifique el uso, la línea en cuestión tendrá un período de gracia de quince días solo para llamadas entrantes. Luego de eso se darán de baja. Tras el análisis, y en base a las supuestas irregularidades, los funcionarios no descartan aportar material para una eventual judicialización del tema.

Hasta ahora, y tras el análisis de los 24.000 contratos temporales correspondientes al período 2013-2015 y que vencieron a fin de año –sobre un total de 64.000 empleos bajo esa modalidad de contratación precaria-, el macrismo dio de baja 6.200. El ranking lo encabeza el Ministerio del Interior y Obras Públicas con 1.342 despidos. Lo siguen el de Energía y Minería, con 942; Jefatura de Gabinete, con 578; Ministerio de Justicia y el de Cultura, con 524 y 500, respectivamente; el de Seguridad, con 305 cesanteados; Salud, con 193, y Economía, con 100 desvinculados. Los despidos se dieron antes del plazo de tres meses de extensión que el Gobierno había fijado para los contratos que tenían vigencia durante los últimos tres años, por lo que el número de echados se engrosará en las próximas semanas: la revisión continúa hasta el 31 de marzo.

Hay casos emblemáticos en los que el macrismo posó particularmente la lupa. Uno es el del Hospital Posadas, donde Martín Sabbatella, ex titular de la AFSCA, habría impulsado un feroz engrosamiento de la nómina de personal. Y otro es el Instituto Malbrán, donde el Gobierno se encontró con 200 empleados que directamente no ocupaban sus puestos de trabajo.

 

 

En los próximos días el Gobierno también oficializará dos resoluciones administrativas que congelan las vacantes vigentes y la creación de nuevos cargos, y que contemplan la revisión de concursos. Actualmente hay 11 mil concursos en análisis, más otros 6 mil que aún no empezaron y que deberán ser justificados.

"Estamos trabajando en un ordenamiento inicial producto de la gestión heredada. Nosotros no fuimos los que contratamos mal", se defendió el ministro Ibarra, que apunta a una reducción de los contratados y al impulso de las plantas permanentes y a la carrera del empleado público. Según el relevamiento actual, la nómina de la Administración Pública Nacional (APN) cuenta con 342.000 empleados, más otros 32.000 de organismos descentralizados, como la ANSES, la AFIP o el PAMI. De esos, 64.000 son contratos temporales, de los cuales 24.000 son los que son revisados por la nueva gestión. Si se suma al Poder Legislativo, al Judicial y a las universidades, la grilla de empleados públicos asciende a 700.000.

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